Aunque presentado con ‘buenas intenciones’, ha fallado rotundamente en cumplir sus promesas de manera efectiva.
La verificación vehicular en Jalisco, desde su implementación en 2020, ha generado más dudas que certezas respecto de su verdadera utilidad para mejorar la calidad del aire en el estado. Pese a las intenciones de reducir las emisiones contaminantes, los resultados hasta la fecha revelan una desconexión alarmante entre los objetivos planteados y el impacto real que este programa tiene sobre el medio ambiente y la salud de la población. A esto se suma una carga económica considerable tanto para los ciudadanos, como para el propio gobierno estatal. Así las cosas, la efectividad y el costo del programa ameritan un profundo análisis de viabilidad y del costo-beneficio de la medida.
El Programa de Verificación Responsable (PVR) fue presentado como una solución indispensable para enfrentar la problemática de la ‘contaminación del aire’, especialmente en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), donde la calidad del aire se encuentra regularmente por debajo de lo aceptable. Sin embargo, al observar los datos, se evidencia que el impacto del programa ha sido, por decir lo menos, insignificante, ínfimo.
En 2024, solo 27 de los 182 días transcurridos hasta la fecha registraron una calidad del aire aceptable, en comparación con los 110 días del año anterior. Peor aún, en el primer trimestre de 2024, durante 92 días la calidad del aire en el AMG fue clasificada como mala. Estos números indican que, a pesar de la inversión en el programa de verificación vehicular, no se ha logrado una mejora sustancial en la calidad del aire, lo que deja en duda la eficiencia y justificación del mismo, especialmente cuando existen suficientes razones para deducir que se trata, básicamente, de una medida recaudatoria sin mayores efectos en el transporte, la calidad del aire o el medio ambiente.
Una problemática crítica radica, precisamente, en la falta de relación entre las estaciones de monitoreo de la calidad del aire, y las pruebas realizadas en el marco de la verificación vehicular. Según el investigador Dr. Víctor Manuel González Romero, este desajuste impide evaluar de manera certera si el programa está logrando los resultados esperados. Además, el especialista Alberto Martínez señala que para una ciudad del tamaño de Guadalajara, es necesario incrementar el número de estaciones de monitoreo ambiental para obtener una evaluación más precisa y concluyente.
Aparte de los cuestionables resultados logrados, hasta ahora, en términos de calidad del aire, el programa de verificación vehicular también supone una imposición económica considerable sobre los propietarios de vehículos y resulta una carga sobre el presupuesto estatal. El costo de la verificación aumentó de 232 pesos en 2021, a 250.10 pesos en 2023 por vehículo, lo cual, aunque pueda parecer un incremento menor, representa un impacto significativo cuando se multiplica por el número de vehículos que deben verificarse.
Más preocupante aún es la gestión de los recursos destinados al programa. De los 334 millones de pesos asignados al Programa entre 2019 y 2023, el 85% se ha canalizado ¡al pago del proveedor de tecnología y a la operación de los centros de verificación! Esto supone serias dudas sobre la eficiencia en la utilización de los fondos públicos obtenidos por la verificación. Además, aunque se prometió en mayo de 2024 que la verificación sería gratuita al presentarse el comprobante para el pago del refrendo, esta medida, si bien beneficia a los ciudadanos, deja en el aire la cuestión de la sostenibilidad financiera del programa.
La verificación vehicular en Jalisco, tal como se ha implementado hasta ahora, parece ser un proyecto que, aunque presentado con ‘buenas intenciones’, ha fallado rotundamente en cumplir sus promesas de manera efectiva. Los resultados en la mejora de la calidad del aire son, cuando menos, pírricos, y el costo tanto para los ciudadanos como para el erario público es cada vez más significativo. Ante esta realidad, es necesario que el gobierno de Jalisco replantee el enfoque actual, y que las medidas adoptadas estén respaldadas por datos sólidos y un manejo responsable de los recursos. Es decir, que la finalidad sea, verdaderamente, proteger el medio ambiente, mejorar la calidad del aire y, con ello, la salud pública de los jaliscienses.
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