Las áreas naturales protegidas son esenciales para conservar la biodiversidad, la protección de los ecosistemas y una relación sostenible entre humanos y naturaleza
La ¿protección? del Bajío
Ayer, Mural publicó que el gobernador de Jalisco “adelantó que ya avanza otra declaratoria de Área Natural Protegida cuyos detalles dará a conocer la siguiente semana.” Incluso, Mural consigna que el gobernador señaló que, “en unos días más tendremos un anuncio que va a reforzar las herramientas jurídicas para garantizar que esta zona de recarga tan importante pueda cuidarse”. “Si fuese el caso con el decreto actual, se podría nada más atender la petición del derecho de audiencia y se resuelve el tema”. Independientemente de si el decreto anterior fracasó o no, lo relevante es que el Ejecutivo esté dispuesto a dar la pelea por la protección de un área natural de gran relevancia para la metrópoli.
Las áreas naturales protegidas (ANP) son esenciales para la conservación de la biodiversidad, la protección de los ecosistemas y la promoción de una relación sostenible entre los seres humanos y la naturaleza. Su importancia es copiosamente reconocida en la lucha contra la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Esta zona, alberga, además, fuentes de agua críticas que abastecen a las comunidades locales. La protección de estos recursos hídricos es esencial para garantizar el acceso a agua potable y la irrigación de toda la zona metropolitana.
El pasado 1 de septiembre de 2023, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación determinó la inconstitucionalidad del Decreto del Gobierno del Estado de Jalisco, por el que se estableció como zona de recuperación ambiental “El Bajío”, con una superficie de 980.89 hectáreas. Esta demarcación está ubicada en el municipio de Zapopan, así como de los artículos 64-A a 64-E de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Recordemos que el decreto de marras fue publicado en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, el 3 de septiembre del 2019.
Considérese que ‘El Bajío’ representa un jugoso botín para los desarrolladores inmobiliarios, pues los terrenos y las construcciones que se ubican dentro de esa zona poseen las condiciones para quienes buscan adquirir una propiedad en zona boscosa, arbolada, con buen clima, bien comunicada y con fácil acceso a la ciudad. Desde la administración del gobernador panista, Emilio González Márquez, se le abrió ilegalmente la puerta a la urbanización del Bajío con la construcción en la zona de las Villas Panamericanas, violando normas, reglamentos y usos de suelo. Un complejo arbitrario que fue pactado con desarrolladores corruptos, bajo un saqueo al dinero del fondo de pensiones y jubilaciones de Jalisco. Un negocio ‘al estilo Jalisco’, dónde buena parte del capital lo entrega el gobierno (de las aportaciones de los trabajadores al servicio del Estado para las pensiones y jubilaciones) y la ganancia se la llevan “visionarios” empresarios que “invierten” en negocios fraudulentos al amparo del poder.
De acuerdo con la especialista en derecho ambiental, Agustina Rodríguez Morán, en el año 1993 existían en ‘El Bajío’ 21 hectáreas urbanizadas. Cantidad que ascendió a 58 para el año 2011, cuando ya se habían construido tanto el estadio de futbol, como las Villas Panamericanas. Para el 2013, se llegó a 237 hectáreas urbanizadas. Hoy han llegado a 316 hectáreas.
Al analizar el sentido de las votaciones de cada uno de las cinco sentencias (los amparos en revisión 5/2021, 544/2022, 205/2022, 584/2022 y el 153/2023), se advierte que todos fueron resueltos por ¡votación unánime!, lo que indica que el decreto del gobierno de Jalisco traía errores de origen muy elementales, que se prestan para diversas suspicacias ¿Cómo es posible que ese vicio, tan evidente para cualquier abogado o conocedor de los principios básicos del derecho, como es el de garantizar el derecho de audiencia, se les hubiese escapado tanto en la Secretaría del Medio Ambiente como a la Secretaría General de Gobierno? La interrogante surge debido a todos esos intereses millonarios que empujan a que el decreto deliberadamente fracase, ya que protege la zona como Área Natural. Además, estas omisiones jurídicas fueron señaladas, de manera reiterada, por especialistas como la doctora Raquel Gutiérrez Nájera, desde meses atrás.
https://www.milenio.com/opinion/gabriel-torres-espinoza/con-pies-de-plomo/la-proteccion-del-bajio