Los avances por consolidar elecciones más competitivas y equitativas nos han conducido a la posibilidad de que aquellos que tienen claras sus aspiraciones de representar los intereses de su comunidad en cargos de elección popular, deba hacerlo en condiciones de equidad con otros participantes. No obstante, la mutación de funcionario público a candidato, significa asumir disposiciones normativas y atender problemas de equidad de la competencia, que hacen que la renuncia al cargo sea una decisión muy relevante a considerar.
El fin de semana inmediato anterior el gobernador de Jalisco abordó el tema: “En principio, yo diría que quien quiera buscar un cargo de elección y quien se perfile para ir a un proceso interno… pues tendrán que separarse de su cargo”… “Yo creo que si pides licencia y te vas a contender pues tienes que entender que llegará alguien a sustituirte y que la idea sería ya que con quien llegue terminemos el Gobierno hasta el último día”, tal como lo consignó Mural. Naturalmente, uno de los principales argumentos a favor de la renuncia al cargo, es la necesidad de evitar conflictos de interés y alterar la equidad en la competencia.
Cuando un funcionario decide postularse para un cargo de elección popular, mientras desempeña otro, surge la fundada interrogante de que está utilizando su posición para obtener ventajas indebidas o favorecer sus intereses partidistas. De modo que, renunciar al cargo, elimina las dudas sobre su compromiso con el servicio público, y le permite concentrarse en la disputa por un nuevo cargo. Incluso, los funcionarios asumen responsabilidades laborales que entran en conflicto con la demandade tiempo de una campaña electoral. Al renunciar a su cargo, pueden concentrarse por completo en la disputa por el sufragio de los electores, sin distracciones ni limitaciones de tiempo.
La renuncia de un funcionario público para contender en elecciones, muestra, además, su respeto por el proceso democrático, el compromiso con la equidad y con la rendición de cuentas. Deja evidencia a los ciudadanos de que los candidatos están dispuestos a asumir la responsabilidad de representarlos, sin pretender alterar la equidad de la competencia y sin la simulación en un cargo público que, obvio, no podrán desempeñar.