El título de la nota de Reforma y Mural no puede ser más correcto: “sobra un Gobernador… y falta candidato”. El sábado pasado, en Nuevo León, “dos ‘gobernadores’ aseguraron estar en funciones”. Samuel García, quien pregonó su precandidatura a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, solicitó una licencia de su cargo como gobernador por un periodo de seis meses. No obstante, la semana pasada decidió regresar al cargo, con lo que ha quedado sepultada la posibilidad de una candidatura presidencial a la cual MC ya había invertido muchos millones en publicidad.
La decisión de Samuel García refleja una combinación de preocupaciones políticas y legales, tentativamente muy graves, para motivar su regreso al gobierno estatal (¿qué esconde?). El caso es que este sábado, mientras Samuel García se reunía con su equipo, Luis Enrique Orozco, designado por el Congreso como gobernador interino, afirmó que se mantendría en el cargo hasta recibir notificación contraria.
La SCJN ordenó que Luis Enrique Orozco jurara el cargo como gobernador interino de Nuevo León. Esta decisión fue tomada poco antes de que Samuel García dejara la gubernatura para iniciar su precampaña como candidato presidencial. La Corte instruyó que todas las autoridades se abstengan de realizar nuevas designaciones o nombramientos sobre la titularidad del Poder Ejecutivo hasta que se resuelva definitivamente la controversia constitucional. Esta medida cautelar fue concedida por el ministro Javier Laynez para evitar indefiniciones en la titularidad del Poder Ejecutivo y garantizar la gobernabilidad y seguridad durante el periodo de licencia de Samuel García.
Además del cisma provocado por el abrupto abandono de la precandidatura, en plena campaña, ahora los abogados advierten que, al estar vigente su licencia aprobada por el Congreso del Estado, Samuel García podría enfrentar responsabilidades penales por ejercer actos propios de la gubernatura. Se menciona el delito de ejercicio ilícito del servicio público, que podría resultar en una sanción de prisión.
La decisión de su regreso al cargo gubernamental, para evitar la ‘imposición’ de su sustituto, desencadenó una crisis de gobernabilidad en Nuevo León, del que nos falta aún mucho por conocer.