De acuerdo con datos de 2023, el Congreso aprobó 20 iniciativas propuestas solo por el gobernador, de las cuales solo seis recibieron modificaciones mínimas
Una de las críticas más recurrentes a la Legislatura saliente, fue la subordinación al poder Ejecutivo. Este aspecto ha sido señalado tanto por legisladores de oposición, como por estudios realizados, quienes observan un proceso legislativo donde las iniciativas del Ejecutivo son aprobadas sin discusión, ni ajustes significativos. De acuerdo con datos del 2023, el Congreso aprobó 20 iniciativas propuestas exclusivamente por el gobernador, de las cuales solo seis recibieron modificaciones mínimas. Esta tendencia, que se observó desde 2022, revela una falta de autonomía preocupante, que es fundamental para el equilibrio de poderes.
Para el Índice de Estado de Derecho en México 2023–2024, elaborado por World Justice Project, la calificación de Jalisco del legislativo como contrapeso eficaz al poder estatal, es de 38%, el judicial es de 41%, los organismos de control son de 26%. El de mayor calificación son los contrapesos no gubernamentales con 51%. Referente a las sanciones por abuso de poder recibe un indicador de 38%. En general, la calificación de Jalisco para los límites del poder gubernamental es de 40%. Quedando en la posición 19 de 32.
Este comportamiento del Congreso ha generado la percepción de que el Legislativo opera como una “oficialía de partes” del Ejecutivo. Una expresión utilizada por la diputada Leticia Pérez de Morena. Tal afirmación implica que el Congreso se ha limitado a refrendar las decisiones del gobernador, sin ejercer un rol de contrapeso o actuar como una plataforma de debate y deliberación real, como lo requiere su función constitucional. La responsabilidad es de las y los legisladores, que no han sabido darse su lugar como parte de un poder con representación propia.
La función de fiscalización de los recursos públicos, una de las responsabilidades clave del Congreso, también ha sido un área de bajo desempeño. La Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), encargada de evaluar el uso correcto de los recursos públicos, emitió recomendaciones de desempeño a solo el 5.2% de las entidades auditadas en 2023, una cifra insuficiente para la magnitud de la tarea fiscalizadora. De las 114 auditorías practicadas en este año, solo seis derivaron en recomendaciones de mejora, un indicador de que el Congreso no está cumpliendo con la vigilancia adecuada sobre el uso de los recursos públicos.
Además, el análisis realizado por el observatorio ciudadano “Jalisco Cómo Vamos” señala que la fiscalización es un proceso técnico y alejado del entendimiento y participación ciudadana. Esta desconexión limita gravemente la posibilidad de una contraloría social y reduce el impacto de la fiscalización como herramienta de rendición de cuentas. Al mantenerse como un proceso interno y técnico, la fiscalización pierde su potencial para detonar una vigilancia activa y eficaz por parte de la sociedad.
En el ámbito de la representación, el Congreso ha mostrado avances formales en materia de paridad de género, con una integración paritaria que, al menos en número, refleja un intento de representar igualitariamente. Sin embargo, en la práctica, estos avances no se han traducido en una mejora sustancial para los temas de género en el estado. De acuerdo con el análisis de “Jalisco Cómo Vamos”, la colaboración entre diputadas ha sido mínima y en ocasiones inexistente, lo cual ha limitado la posibilidad de construir propuestas significativas en pro de los derechos de las mujeres. Además, las diputadas de la LXIII Legislatura permanecieron subordinadas a coordinaciones políticas lideradas mayoritariamente por hombres, lo que sugiere que la paridad ha sido más bien simbólica.
La LXIII Legislatura de Jalisco ha dejado fundados cuestionamientos sobre su independencia y capacidad para actuar como un contrapeso real al Ejecutivo. La subordinación a las iniciativas del gobernador, la limitada acción fiscalizadora y la escasa inclusión de la participación social reflejan una cultura política que precisa ser corregida. La estructura y operación del Congreso deben fortalecer su autonomía y consolidar su rol de representación plural y política de los ciudadanos. La idea de un contrapeso efectivo y un poder legislativo autónomo, sencillamente fue una aspiración distante durante la legislatura que ha terminado.