Lo que debería ser un proceso ejemplar de selección basado en méritos se ha convertido en una práctica viciada para favorecer intereses políticos evidentes
El nombramiento de nuevos notarios en Jalisco ha desatado una vez más el debate sobre la transparencia, ética y legalidad en la asignación de los ‘fiat’ notariales. Lo que debería ser un proceso ejemplar de selección basado en méritos, integridad y capacidad profesional, se ha convertido, en los hechos, en una práctica viciada para favorecer intereses políticos y nepotismos evidentes.
El pasado 15 de noviembre se llevó a cabo un examen de oposición para designar a los nuevos titulares de notarías públicas en el estado. De los 55 aspirantes, 48 participaron en el proceso. Sin embargo, la lista final de los seleccionados, publicada el 21 de noviembre, deja de manifiesto un patrón recurrente: la concentración de notarías en manos de figuras vinculadas al poder político. Nombres como Emilio González Guzmán, hijo del ex gobernador Emilio González Márquez, y Gerardo Monraz Villaseñor, hermano del actual Secretario de Transporte, Diego Monraz, destacan como ejemplos de la perpetuación de un esquema que privilegia los lazos familiares y políticos por encima de la verdadera competencia entre profesionales del derecho con trayectoria.
La figura del notario tiene un peso fundamental en la estructura jurídica de un Estado de derecho. Según la Ley del Notariado del Estado de Jalisco, el notario es un delegado del Estado cuya función es garantizar la autenticidad y seguridad jurídica de los actos que celebra. A través de su ‘fe pública’, el notario proporciona certeza a los ciudadanos sobre la legalidad y veracidad de actos trascendentales, como la compraventa de bienes, la constitución de sociedades o la elaboración de testamentos, por ejemplo.
El ejercicio notarial está regido por principios como el profesionalismo, la legalidad y la ética. Además, el acceso a esta función exige un perfil académico y profesional riguroso, así como un historial intachable de honradez y rectitud. El examen de oposición es, en teoría, la herramienta para garantizar que los ‘fiats’ se otorguen a los candidatos más capacitados, con mejor trayectoria. Pero en la práctica, este mecanismo ha sido minado por la corrupción y el amiguismo.
En Jalisco, las notarías públicas no son inmunes a las dinámicas de favoritismo político. Las evidencias sobran. Tanto Emilio González como Aristóteles Sandoval usaron su atribución como gobernadores para otorgar notarías a colaboradores, familiares y aliados políticos. En 2018, el Congreso local reformó la Ley del Notariado para acotar estas prácticas. No obstante, los recientes nombramientos demuestran que estas reformas no han sido suficientes para erradicar el problema de raíz.
De acuerdo con informes, 41 notarías en Jalisco presentan anomalías serias, lo que representa casi el 13% del total en la entidad. En febrero de 2024, el gobierno estatal revocó un fiat notarial por actos de corrupción, y 31 casos más están pendientes de resolución judicial. A pesar de estos avances, la percepción pública sobre el gremio notarial sigue empañada por la opacidad y los conflictos de interés.
La perpetuación de “clanes notariales” es otro síntoma de esta crisis. Familias como los Guzmán o los Monraz concentran notarías que parecen pasar de generación en generación, como si fueran títulos nobiliarios, alejando al notariado de su misión fundamental: servir al interés público.
En países con sistemas notariales avanzados, la función del notario está blindada contra influencias externas. En México, el artículo 121 de la Constitución garantiza la validez de los actos notariales en todas las entidades federativas, reflejando su importancia como pilar de la seguridad jurídica. Sin embargo, cuando la fe pública se asigna a personas cuya lealtad parece estar más con sus padrinos políticos, que con la sociedad, se socava la confianza en el sistema legal.