Jalisco se sitúa en el primer lugar nacional en personas desaparecidas con más de 14 mil 900 casos registrados, y el rezago en la procuración de justicia que supera el medio millón de investigaciones pendientes. Este escenario se agrava con la revelación de que apenas se han logrado cinco sentencias relacionadas con desapariciones forzadas, un indicador que prueba la inoperancia institucional frente a uno de los fenómenos más dolorosos que afectan al estado.
El gobernador electo ha presentado un ambicioso y necesario plan que incluye la reestructuración del gabinete de seguridad y la creación de nuevas corporaciones como la Policía Estatal de Caminos y un grupo de élite que operará en los 125 municipios. La insistencia en fortalecer la coordinación entre fuerzas de seguridad y la prevención del delito resulta ser una fórmula ya conocida, pero que históricamente ha mostrado poca efectividad en contextos de alta impunidad y corrupción. No obstante, estas medidas anunciadas resultan una confirmación del autodiagnóstico del nuevo gobierno, de cara al problema más grande y sentido que tiene Jalisco: la inseguridad creciente.
Se han anunciado iniciativas prometedoras como la creación de una ‘Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas’. A pesar de la creación de nuevas secretarías o dependencias, Jalisco reporta que mil 800 personas han sido localizadas en fosas clandestinas, un esfuerzo que, en gran medida, ha sido impulsado por colectivos de búsqueda, no por las instituciones estatales. Esto deja en tela de juicio la capacidad del gobierno para abordar el fenómeno desde una perspectiva integral.
El déficit de justicia en Jalisco es alarmante. Con más de 526 mil investigaciones pendientes y apenas un 5.5% de carpetas cerradas en 2023, se mantiene una percepción de impunidad generalizada que afecta la confianza ciudadana en las instituciones. La situación de los periodistas también es preocupante, con 74 agresiones registradas durante el sexenio y un mecanismo estatal de protección que ha estado en un limbo jurídico desde 2018, muestra un abandono sistemático de las garantías para quienes ejercen labores de defensa de derechos humanos y libertad de expresión.
Esta inacción evidencia no solo la falta de voluntad política, sino también un desprecio alarmante hacia los derechos y la seguridad de quienes ejercen labores fundamentales de información. El desmantelamiento práctico del mecanismo estatal de protección para periodistas, no solo deja desprotegidos a los profesionales del periodismo, sino que también envía un mensaje preocupante de tolerancia hacia la violencia contra este sector. La ausencia de una estrategia clara y el desinterés por reactivar este órgano indispensable, reflejan que, en lugar de garantizar la libertad de expresión, se prefiere mirar hacia otro lado frente a la creciente hostilidad que enfrentan los periodistas en Jalisco.
Las promesas de diálogo y de quitar las vallas de Casa Jalisco y el Palacio de Gobierno contrastan con la realidad de un estado que, además de liderar en desapariciones, también enfrenta un incremento en homicidios dolosos de menores, ocupando el quinto lugar nacional. Mientras tanto, el presupuesto estatal para seguridad parece priorizar proyectos como el Escudo Urbano C5, que en otros contextos no ha demostrado ser una solución efectiva para reducir los índices de violencia y crimen.
El nuevo gobierno tiene ante sí una tarea titánica. Si bien se plantean medidas necesarias como la modernización tecnológica y el fortalecimiento de instituciones de derechos humanos, estas deben ser acompañadas de una verdadera depuración de las corporaciones policiacas y un combate frontal a la impunidad, lo que pasa necesariamente por la procuración e impartición de justicia. Es momento de que Jalisco deje de ser un ejemplo nacional de fracaso en seguridad y justicia. Pero para lograrlo, se requiere mucho más que burocracia, discursos y promesas; hace falta voluntad política, trabajo sistematizado, transparencia en las medidas y un compromiso real con las víctimas, que, hasta ahora, han sido las únicas que han tomado en serio la búsqueda de los desaparecidos.