A escasos meses de cerrar el año, la anunciada Agencia Metropolitana de Gestión Integral de Residuos en Jalisco aún no termina de nacer, y ya exhibe señales de fragilidad institucional, descoordinación política y limitada visión ambiental. Concebida como una alternativa integral a la desastrosa gestión de los residuos sólidos urbanos en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), la Agencia ha logrado hasta ahora más expectativas que resultados. De los ocho municipios metropolitanos que deben adherirse para consolidar el proyecto, apenas cinco han dado su aval. Guadalajara, epicentro político y simbólico del AMG, ni siquiera ha llevado la discusión al pleno del cabildo.
La fragmentación municipal ha sido uno de los principales obstáculos para articular una política metropolitana coherente. La negativa de Tlaquepaque, por ejemplo, podría responder a lógicas locales de operación que les han resultado eficientes, o al temor de perder control sobre un servicio estratégico y altamente rentable para empresas privadas que han vivido durante años del modelo concesionado, como Caabsa Eagle y Sulo. Esta última recibió, solo en 2023, más de 77 millones de pesos por operar los llamados “Puntos Limpios”, cuya efectividad ha sido cuestionada no solo por su alto costo (más de 33 mil pesos mensuales por punto), sino por su mal uso, falta de mantenimiento y escasa recolección diferenciada.
El diagnóstico de fondo es alarmante. En el AMG se generan diariamente alrededor de 5 mil toneladas de residuos sólidos urbanos, de los cuales apenas se recupera un 5%, según estimaciones del Imeplan. En contraste, la Ciudad de México y el Estado de México generan 15,557 y 11,227 toneladas diarias respectivamente, mientras que Jalisco recolecta 8,814 toneladas por día, es decir, el 8.2% del total nacional, consolidándose como el tercer generador de residuos en el país. Sin embargo, más del 90% de esta basura termina en rellenos sanitarios sin pasar por procesos serios de separación, valorización o reciclaje. La economía circular sigue siendo, en el mejor de los casos, una aspiración retórica en los foros legislativos y ambientales.
El modelo actual —basado en concesiones millonarias, mínima regulación, baja recuperación y una población con escasa cultura de separación— ha mostrado signos de agotamiento. La proliferación de vertederos clandestinos, las emisiones de gases de efecto invernadero (como metano y óxidos nitrosos) y la falta de infraestructura adecuada son síntomas de un sistema que externaliza sus costos ambientales y sociales.
A pesar de los esfuerzos institucionales por sancionar a ciudadanos que tiran basura —con más de mil personas multadas en Guadalajara y un 87% que ha optado por cumplir con trabajo comunitario—, la solución de fondo no radica en la coerción punitiva, sino en una transformación estructural del modelo de gestión de residuos. Multar sin transformar es, en el fondo, gobernar con la lógica del síntoma, no de la causa.
El discurso oficial habla de una bolsa de 200 millones de pesos del presupuesto estatal y otros 420 millones derivados de convenios con empresas como Caabsa para remediar sitios como Matatlán y Laureles. No obstante, sin reglas de operación transparentes y compromiso político real de todos los municipios, la Agencia Metropolitana corre el riesgo de convertirse en un nuevo elefante blanco: costosa, ineficaz y sujeta a los vaivenes del corto plazo electoral.
Como advierte la académica Beatriz Venegas, la clave está en pensar en los beneficios económicos y ambientales de una gestión metropolitana coordinada que permita economías de escala. Sin embargo, esto exige renunciar al clientelismo concesionario y apostar por una planeación de largo aliento que contemple desde la recolección diferenciada, hasta el aprovechamiento energético de residuos, pasando por la profesionalización del servicio y el fortalecimiento del trabajo de recolectores informales.
La basura no desaparece por decreto. Si la Agencia Metropolitana no logra articular un modelo funcional, con criterios técnicos, justicia ambiental y participación ciudadana real, el área metropolitana seguirá escondiendo sus residuos ‘bajo la alfombra’ de los rellenos, condenando a las generaciones futuras a pagar el costo de nuestra desidia.
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