En América Latina, ejercer el periodismo se ha convertido en una profesión de alto riesgo, debido las balas del crimen organizado o los silencios impuestos por los poderes fácticos, así como el uso instrumental del sistema legal como herramienta de intimidación. El mapa de la libertad de prensa en la región se tiñe de rojo por una violencia sistemática y estructural que acorrala a quienes, desde trincheras editoriales precarias, aún se atreven a incomodar al poder.
La criminalización del periodismo se ha sofisticado. Hoy no siempre se dispara contra los reporteros, ahora se les demanda, se les investiga, se les imputa con cargos financieros o se les castiga con litigios interminables, que desgastan, empobrecen y estigmatizan. Son los llamados SLAPPs (Strategic Lawsuits Against Public Participation), litigios estratégicos que buscan silenciar mediante el desgaste jurídico. En México, este fenómeno ha escalado hasta niveles preocupantes, pues en tan solo siete meses de 2025, se superó la cifra total de procesos judiciales abiertos contra periodistas registrada durante todo 2021.
Más de 50 casos activos, 39 periodistas y 12 medios señalados judicialmente, dan cuenta de una tendencia clara, que el aparato estatal o sus actores políticos, disfrazados de ciudadanos agraviados, no dudan en usar el marco legal como un instrumento de censura indirecta. Se pervierte así el sentido de la justicia para convertirla en arma, se desnaturaliza el derecho para operar las sentencias como mordaza.
Pero la represión no se agota en los tribunales. La violencia letal sigue siendo la forma más brutal de censura. Nueve periodistas fueron asesinados en México en 2025. La cifra no sólo crece, se normaliza. Lo más alarmante es que el país, sin una guerra formal declarada, registra el segundo lugar más peligroso para ejercer el periodismo a nivel mundial, sólo detrás de Gaza.Cuesta caro incomodar al poder
El periodismo independiente, ese que molesta, escasea o desaparece. El debate público se vacía. La rendición de cuentas se diluye. Y con ello, se erosiona uno de los pilares de la democracia. Como ha señalado la Sociedad Interamericana de Prensa, una democracia sin medios fuertes es una democracia sin salvaguardas.
No basta con defender la libertad de expresión como principio abstracto. Se requiere garantizar condiciones materiales, jurídicas y de seguridad para ejercerla. La impunidad en crímenes contra periodistas y la falta de protección al derecho a la crítica conforman un escenario de regresión democrática.
El poder, cuando se siente incómodo ante el escrutinio, se torna peligroso. Pero más grave aún es una sociedad indiferente ante la cancelación paulatina de su derecho a estar informada, del derecho a disentir. Porque cuando el periodismo es silenciado por la vía judicial, no sólo se sofoca una voz, se asfixian muchas verdades posibles.
POR GABRIEL TORRES
PROFESOR E INVESTIGADOR EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
@GABRIELTORRESES