Que el agua salga turbia, con olor desagradable y completamente insalubre no es lo más inquietante de la crisis del agua en la Zona Metropolitana. Lo grave es que, a estas alturas, ninguna autoridad ofrezca una explicación plenamente convincente, técnicamente sólida y políticamente responsable.
El SIAPA atribuye el problema a la obsolescencia de su infraestructura y, al mismo tiempo, apunta hacia posibles descargas contaminantes en puntos del trayecto. El gobierno del estado habla de inspecciones, conexiones irregulares y futuras sanciones. La autoridad sanitaria reduce el tono y sostiene que no existe, por ahora, razón para una alerta mayor (¡!). La Comisión Estatal de Derechos Humanos interviene, dicta medidas cautelares y exige información.
Los municipios señalados rechazan responsabilidades. Los especialistas cuestionan las versiones oficiales. Entre unas voces y otras, el ciudadano escucha todo y termina entendiendo nada. La población debe percibir que quien administra el sistema sabe lo que ocurre, dice la verdad y actúa con base en evidencia. La crisis del agua se vuelve crisis institucional (una más en Jalisco).
Los gobiernos están obligados a reaccionar ante una contingencia; a comunicarla de manera clara, oportuna y consistente. El manejo de la información sobre el agua en la metrópoli ha sido exactamente lo contrario. Se emiten recomendaciones parciales, se formulan explicaciones incompletas, se modula el lenguaje para no provocar alarma y se diluye la responsabilidad entre actores diversos. El resultado es una mezcla peligrosa de minimización oficial e incertidumbre social. La población no sabe con exactitud qué puede hacer con el agua, qué riesgos corre, por cuánto tiempo persistirá el problema, y más importante, quién responde por ello. Las mentiras salen por la llave.
Luego vienen los yerros. Administrar la percepción antes que resolver el problema. Bajar el tono del riesgo, fragmentar la discusión y ganar tiempo. Pero en asuntos de salud pública eso suele ser desastroso. Lo que produce es rumor, miedo, sospecha y autodefensa privada. Cada familia empieza a improvisar sus propias medidas. Unos compran agua purificada, otros dejan de usarla para cocinar, algunos se resignan, muchos se indignan. El vacío informativo que deja Jalisco es llenado por la angustia colectiva.
Cuando el agua sale marrón, también se decolora el gobierno. Unos señalan la infraestructura, otros las descargas, otros las lluvias, otros la antigüedad del sistema, otros la herencia inmobiliaria. Y mientras los pretextos crecen, la impaciencia se engrosa. El problema es que la turbiedad del agua no entiende de jurisdicciones. Entra por la misma llave a la que todos los gobiernos prometieron garantizarle calidad.
Tampoco es menor la contradicción social que surge en torno a las tarifas. Los gobiernos pueden pedir más aportación ciudadana cuando demuestran eficacia, servicio y rumbo. Lo que no puede hacer, sin desgastarse, es exigir más dinero al usuario mientras ofrece menos calidad del servicio y menos claridad sobre el destino de los recursos. Allí se rompe un pacto social básico. El usuario expresa que paga por un servicio deficiente y comienza a confirmar que financia una estructura que no logra corregirse a sí misma (el SIAPA). El problema ya no es solo económico. Es de legitimidad pública.
Si las instituciones no pueden explicar con rigor qué contamina el agua, si no comunican con claridad los riesgos a la salud de la gente, si no coordinan con eficacia sus responsabilidades y si no arreglan lo sucedido; entonces, además del agua, se contaminó la autoridad de los gobiernos metropolitanos.
Subieron el predial, encarecieron el refrendo vehicular, elevaron la tarifa del transporte público y, para colmo, ni siquiera garantizan agua limpia a través del SIAPA. Como broche de esa cadena de agravios, pactaron por contrato la colocación de 500 mil fotomultas al año, buena parte de las cuales terminarán cobrándose en pleno calendario electoral. Cuando un gobierno aprieta el bolsillo, deteriora los servicios y además desprecia el tamaño del malestar que provoca, la ciudadanía no suele responder con sutilezas teóricas ni elaboradas reflexiones. Responde con la forma más brutalmente simple y más temida en la democracia: el voto de castigo.
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