El reconocimiento llegó desde dentro. El secretario de Hacienda, Luis García Sotelo, admitió el carácter recaudatorio del Programa de Verificación Responsable (PVR), aunque insistió en defenderlo como una herramienta de salud pública. Se trata de una política que cobra como impuesto, pero que no tiene eficacia ambiental.
Los datos son elocuentes. En 2025, el subsidio a la verificación costó a los contribuyentes, 586 millones de pesos. Más de la mitad se destinó a concesionarios privados, 23% al proveedor tecnológico, con un contrato de largo plazo que consolida un modelo centralizado, y apenas 27% al Fondo Ambiental. Este último, pese a contar con recursos cercanos a los 900 millones, carece de resultados visibles y de transparencia en la ejecución de proyectos. Así las cosas, ¿dónde está el impacto?
La verificación se presenta como política ambiental, pero opera solo como mecanismo recaudador.
A ello se suma una debilidad estructural. La imposibilidad de medir sus resultados. Las estaciones de monitoreo no registran contaminantes clave como los óxidos de nitrógeno (NOx) o las partículas PM2.5, que son precisamente los que la verificación pretende controlar. Como advierte el Dr. Víctor Manuel González Romero, no existen datos que permitan vincular directamente la verificación con mejoras en la calidad del aire. Sin medición, no hay evidencia; y sin evidencia, no hay política, sino simulación.
Más de un millón de verificaciones en 2025, impulsadas por subsidios y esquemas como el “3×1”, frente a un deterioro sostenido de la calidad del aire; pues registramos 239 días con mala calidad en el Área Metropolitana, muy por encima del año previo. La verificación fracasó en su objetivo sustantivo.
Las críticas legislativas apuntan en la misma dirección. La diputada Tonantzin Cárdenas cuestiona la opacidad en el manejo de recursos y la ausencia de beneficios ambientales tangibles, mientras se evita gravar a las industrias, responsables de una proporción significativa de emisiones contaminantes.
La verificación no fracasó por falta de recursos, ni de cumplimiento ciudadano. Fracasó porque mide mal, gasta sin claridad y elude los verdaderos focos de contaminación. Es una política que exige, pero no transforma; que recauda, pero no corrige nada.
https://www.milenio.com/opinion/gabriel-torres-espinoza/con-pies-de-plomo/por-que-no-funciona-la-verificacion