En Jalisco, las campañas de desprestigio no son accidentes de la conversación digital, ni excesos espontáneos de simpatizantes exaltados. Operan como una maquinaria de inhibición contra quienes ejercen la crítica, fiscalizan, incomodan o desafían el relato oficial, como ayer lo publicó el periodista Omar García (https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=245164).
El Congreso de Jalisco aprobó un acuerdo que, más allá de su lenguaje institucional, deja constancia de un hecho políticamente grave. Con la firma de José Luis Tostado, coordinador de MC, el acuerdo reconoce la existencia de presiones externas, señalamientos infundados, campañas de desprestigio y acciones coordinadas orientadas a inhibir o condicionar el trabajo legislativo.
Por eso el acuerdo aprobado importa más por lo que revela, que por lo que resuelve (nada). Es relevante porque proviene de un poder constituido que deja constancia institucional de que existen presiones externas, campañas mediáticas de odio y mecanismos orientados a deslegitimar el derecho a disentir. El propio acuerdo afirma que esas prácticas han seguido un patrón y que buscan “inhibir el trabajo de representación, control y fiscalización”.
Ahí está la relevancia noticiosa. No es un ciudadano aislado quien denuncia. No es un periodista agraviado. No es un académico bajo asedio digital. No es una dirigente estudiantil atacada desde perfiles falsos. Es, ahora, todas las fuerzas representadas en el Congreso, las que se ven obligadas a levantar la voz frente a campañas que se hacen con recursos públicos desde el anonimato. Si eso le hacen a las y los diputados (incluso a los del gobierno), imaginemos lo que padecen activistas, disidentes y críticos del gobierno.
Lo grave es que esas campañas no sólo golpean a diputadas y diputados. En su condición de funcionarias, las legisladoras tienen mayores herramientas de defensa, mayor visibilidad y una investidura que las protege. Preocupante es que el mismo patrón alcance a periodistas críticos, académicos que estudian la crisis de desapariciones, ex rectores, activistas y a la presidenta de la FEU. Es decir, a voces que no ostentan cargo en el gobierno, pero sí ejercen influencia pública, capacidad crítica o liderazgo.
Cuando la pregunta molesta, seguro la respuesta es la difamación. Cuando una periodista investiga, un académico documenta, una universitaria denuncia o un legislador fiscaliza, se responde con campañas financiadas por el erario, desde sus propias estructuras.
Ese es el punto que este acuerdo legislativo visibiliza, sin proponérselo del todo. Por eso es inédito y relevante. Un poder admite, por unanimidad, que hay campañas de desprestigio impulsadas desde entes públicos y con recursos públicos. Recursos que deberían servir para informar, gobernar o atender problemas de la ciudad, hoy se convierten en instrumentos de persecución. Oficinas que deberían estar al servicio de la ciudadanía, terminan convertidas en fábricas de linchamiento digital al servicio del mejor postor. Sicarios digitales pagados por el erario.
El acuerdo legislativo no agota el problema, obvio. No identifica responsables, no documenta contratos, no revela rutas de financiamiento, no abre expedientes. Aún no. Pero deja algo socialmente invaluable: ¡una denuncia institucional de lo que sí ocurre! Una constancia pública. Una grieta en el discurso que pretendía negar lo que es evidente.
Jalisco acusa un gran problema cuando disentir tiene costo en la reputación. Cuando los legisladores aprueban por consenso admitir que las ‘campañas’ no buscan debatir ideas, sino intimidar y difamar personas. Tiene un problema público cuando la maquinaria oficial se utiliza para castigar a quienes ejercen la crítica.
El Congreso lo dijo. Tal vez con cautela. Sin nombrar a los responsables. Con una redacción todavía insuficiente. Pero ya lo dijo. En Jalisco existen campañas para presionar, descalificar e inhibir voces críticas, eso suscribe el acuerdo del Congreso de Jalisco.
Ahora falta lo esencial. Que las autoridades deslinden responsabilidades. Investiguen. Documenten. Sancionen. Cuando el dinero público se usa para perseguir voces incómodas, ya no estamos ante comunicación social, estamos ante una forma de abuso de autoridad que debe ser visibilizada.
https://www.milenio.com/opinion/gabriel-torres-espinoza/con-pies-de-plomo/desprestigio-con-presupuesto