La comparación es incómoda porque aquella transformación tomó generaciones
La Inteligencia Artificial dejó de ser una promesa tecnológica para convertirse en una disputa económica, política y moral. La declaración “Debemos actuar ahora”, respaldada por premios Nobel, economistas y líderes de la industria, no plantea ciencia ficción. Advierte algo inmediato. En menos de una década, la IA podría transformar el trabajo, la productividad y la distribución de la riqueza con una velocidad superior a la Revolución Industrial.
La comparación es incómoda porque aquella transformación tomó generaciones. Ésta puede ocurrir en unos cuantos años. Mientras las empresas invierten miles de millones, automatizan tareas y reorganizan plantillas, los gobiernos siguen discutiendo definiciones básicas. La tecnología avanza a velocidad exponencial y las instituciones responden con la parsimonia de una oficina burocrática.
El problema no es únicamente cuántos empleos desaparecerán. También importa qué tipo de trabajo sobrevivirá, quién capturará las ganancias de productividad y qué capacidad tendrán los trabajadores para negociar frente a empresas que concentran datos, infraestructura y modelos.
La OCDE sostiene que la IA modifica más las tareas que los puestos completos. Pero los despidos en compañías tecnológicas muestran que la reconversión ya tiene costos humanos. La pregunta no es si la IA debe avanzar, sino bajo qué reglas, en beneficio de quién y con qué rendición de cuentas.
Hay además una frontera que no debería cruzarse. Ningún algoritmo puede decidir sobre la vida, la muerte, la guerra o la paz. La declaración de Roma advierte sobre la convergencia entre Inteligencia Artificial, armas autónomas, disuasión nuclear y debilitamiento del multilateralismo. La capacidad técnica de automatizar una decisión no la convierte en legítima. La humanidad no puede delegar su supervivencia en sistemas opacos diseñados por empresas privadas o aparatos militares.
México llega tarde a esta conversación. Existen iniciativas dispersas, pero no una política integral. Antes de legislar por moda, habría que definir qué se pretende regular y distinguir entre el desarrollo de la tecnología, su uso por las autoridades y las conductas ilícitas cometidas mediante ella. Sin esa claridad, el país corre el riesgo de producir leyes vistosas, contradictorias e imposibles de aplicar.
La Inteligencia Artificial puede elevar la productividad, mejorar la salud, ampliar la educación y acelerar descubrimientos. También puede concentrar riqueza, precarizar el empleo, expandir la vigilancia y profundizar desigualdades. Ninguno de esos resultados está escrito de antemano.
La pregunta decisiva no será hasta dónde pueda llegar la inteligencia de las máquinas, sino qué parte de nuestra humanidad estaremos dispuestos a preservar frente a ellas. Porque el verdadero peligro no consiste en que la tecnología aprenda a pensar, sino en que nosotros renunciemos a decidir.
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