Los derechos de las audiencias merecen fortalecerse. La libertad editorial también. El reto consiste en impedir que la protección de uno termine erosionando al otro
Antes que discutir si los nuevos lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias son un avance o una amenaza, conviene recordar una verdad incómoda. La libertad de expresión nunca ha sido un derecho absoluto, como tampoco lo es el derecho de las audiencias. Ambos conviven en una tensión permanente que exige equilibrios institucionales, no victorias de uno sobre otro.
Durante años, México transitó de un modelo donde las audiencias eran prácticamente invisibles hacia uno que reconoce que quien recibe la información también posee derechos. El derecho a distinguir entre noticia y opinión, entre contenido y publicidad, a exigir rectificaciones y a contar con mecanismos de defensa no constituye una concesión del Estado. Es parte de una democracia que entiende que informar también implica responsabilidades.
El problema comienza cuando el regulador deja de ser árbitro para convertirse en intérprete de la verdad.
El anteproyecto sometido a consulta pública contiene elementos positivos. Fortalece las defensorías de las audiencias, obliga a contar con códigos de ética y busca estandarizar procedimientos para atender inconformidades. En principio, se trata de un modelo cercano a la autorregulación que opera en distintos países europeos, donde el Estado fija estándares mínimos y son los propios medios quienes resuelven los conflictos bajo supervisión de legalidad.
Cuando una autoridad puede revisar las resoluciones de los defensores, determinar qué información fue falsa o descontextualizada e imponer sanciones económicas de gran magnitud, la autorregulación comienza a perder el prefijo. Lo que debía ser un mecanismo profesional e independiente corre el riesgo de transformarse en una regulación administrativa con capacidad de influir indirectamente sobre las decisiones editoriales.
La preocupación expresada por la CIRT y por la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces no puede descalificarse automáticamente como una defensa corporativa. Las democracias constitucionales no se construyen sobre la confianza en las buenas intenciones de los gobiernos, sino sobre instituciones capaces de impedir abusos, incluso cuando esos abusos se justifican con nobles propósitos.
Combatir la desinformación es una obligación legítima. Pero convertir al gobierno en árbitro del contenido informativo es una solución que puede resultar más peligrosa que el problema que pretende resolver.
La verdadera fortaleza de las defensorías consiste precisamente en interponer una instancia técnica entre el poder público y las redacciones. Si esa instancia termina subordinada a la autoridad reguladora, desaparece el principal contrapeso que justifica su existencia.
Los derechos de las audiencias merecen fortalecerse. La libertad editorial también. El reto consiste en impedir que la protección de uno termine erosionando al otro.
GABRIEL TORRES ESPINOZA
Profesor e investigador en la Universidad de Guadalajara
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2026/7/31/regular-la-verdad-860016.html