Jalisco necesita vivienda. El déficit exige una política para quienes el mercado y el crédito hipotecario han dejado fuera. Pero una causa legítima no justifica cualquier proyecto, ni autoriza construir donde la planeación recomienda contener el crecimiento urbano.
El programa ‘Legado’ pretende edificar 200 departamentos para policías en Mirador de San Isidro. Su propósito social es defendible. Lo cuestionable es usar el derecho a la vivienda para evadir preguntas sobre el suelo, el agua, la movilidad y la seguridad de quienes habitan la zona y de quienes vivirán allí.
Los vecinos sostienen que el predio fue destinado a áreas verdes y equipamiento educativo, mientras el Congreso autorizó su uso habitacional y su entrega al Ijalvi. Una votación puede modificar su condición jurídica, pero no borra su historia ni sustituye la obligación de justificar el cambio, menos aún cuando los permisos municipales no han sido liberados.
Destinar 40 por ciento a áreas verdes tampoco resuelve el problema. Especialistas advierten que el predio está en la cuenca del Arroyo Hondo, cerca de dos corrientes y posiblemente sobre un nivel freático poco profundo. El Atlas Metropolitano de Riesgos y las inundaciones recurrentes deberían imponer prudencia. Impermeabilizar más suelo aumenta los escurrimientos hacia colonias que ya padecen inundaciones. También crece la presión sobre el agua, los servicios y una red vial comprometida. Construir sin garantizar un entorno seguro no satisface un derecho. Traslada la precariedad al territorio.
La respuesta oficial agravó la desconfianza. Más de cien antimotines desalojaron de madrugada un plantón que pedía información y diálogo. La escena recuerda al Parque Resistencia Huentitán en 2021, y al cerco denunciado por habitantes del Parque San Rafael en 2023. Cambian los proyectos, pero permanece el mismo patrón. La madrugada se convierte en método para ejecutar lo que las autoridades no quisieron acordar a la luz del día.
El derecho a la vivienda no debe enfrentarse al derecho a una ciudad segura. El Gobierno debe publicar permisos y estudios técnicos, además de dialogar con la comunidad. El derecho a la vivienda no debe edificarse sobre el riesgo de que la próxima lluvia convierta una solución social, en otra tragedia anunciada.
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