El Senado mexicano aprobó esta semana, por unanimidad de 96 votos, una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor
Hubo un tiempo en que el sonido del teléfono anunciaba la posibilidad de una conversación. Hoy, cuando aparece un número desconocido en la pantalla del celular, lo primero que despierta es desconfianza. Puede ser un banco ofreciendo una tarjeta, una telefónica promoviendo un servicio, una encuesta interminable, un despacho de cobranza o un delincuente intentando cometer un fraude. De tanto abusar del teléfono, terminaron por convertirlo en un instrumento del que necesitamos ahora defendernos.
El Senado mexicano aprobó esta semana, por unanimidad de 96 votos, una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor para prohibir y sancionar el acoso telefónico comercial. Contempla multas de 56 mil 570 hasta 2 millones 345 mil 728 pesos para quienes insistan con llamadas o contactos publicitarios no autorizados.
La iniciativa, presentada por la senadora panista Mayuli Martínez, merece atención porque reconoce una realidad cotidiana. Las empresas han confundido disponer de nuestro número telefónico con tener derecho a interrumpir nuestra vida. Contratar una cuenta bancaria, solicitar información o adquirir un servicio, no debería equivaler a entregar una autorización perpetua para recibir publicidad.
El fenómeno tiene dimensiones alarmantes. Truecaller identificó mundialmente 68 mil millones de llamadas de spam y fraude durante 2025. En México, más del 40% de las llamadas clasificadas como spam por esa plataforma corresponden a instituciones financieras. El teléfono se convirtió en una maquinaria de interrupciones comerciales, muchas veces automatizadas.
La consecuencia más grave no es solamente la molestia. Es la destrucción de la confianza. Una investigación de Pew Research Center reveló que el 81% de los adultos estadounidenses no acostumbraba contestar llamadas de números desconocidos en 2020. El dato no describe a México, pero ilustra una transformación que conocemos demasiado bien.
El daño alcanza también a quienes necesitan comunicarse legítimamente. Médicos, servicios públicos, instituciones educativas, encuestadores y hasta familiares que llaman desde números distintos encuentran una barrera de desconfianza construida por el abuso ajeno de empresas que lucran con nuestros números.
La reforma representa un avance, pero su eficacia dependerá de la vigilancia, las sanciones efectivas y la responsabilidad de las empresas que contratan intermediarios. También exige comprender que los datos personales no son propiedad de quien consigue almacenarlos.
La privacidad no debería consistir en aprender a bloquear llamadas, sino en conservar el derecho a decidir quién puede interrumpirnos. El verdadero daño del spam telefónico no se mide por las llamadas que recibimos, sino por aquellas que, por desconfianza, hemos dejado de contestar. De tanto llamarnos para vendernos algo, las empresas consiguieron que dejáramos de contestarles a todos.
POR GABRIEL TORRES ESPINOZA
COLABORADOR
@GABRIELTORRESES