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Según el estudio “México: Anatomía de la Corrupción 2da Edición”, se percibe a Jalisco como el quinto estado con mayor frecuencia de corrupción, con 92 por ciento. A su vez, se califica como la tercera entidad federativa con la mejor calificación en transparencia, con un 66 por ciento. Datos que contrastan, debido a que son los tres estados mejor calificados en trasparencia -Ciudad de México (81 por ciento), Guerrero (69 por ciento) y Jalisco (66 por ciento)-, los que se encuentran por arriba de la media nacional en percepción de corrupción 89 por ciento. Corruptos, pero transparentes, como lo escribió en NTR Sonia Serrano. Incluso, la percepción de los ciudadanos con respecto a la corrupción no parece cambiar en una proyección a cinco años, ya que un 64.7 por ciento comenta que será mayor. Sólo un 6.7 por ciento considera que se reducirá.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), INEGI 2015, la percepción de la corrupción se encuentra centrada en ciertas instituciones fundamentales para el Estado. Los encuestados opinan que de manera “muy Frecuente” o “Frecuente” las siguientes 10 instituciones incurren en corrupción: Policías 90 por ciento, Partidos Políticos 89 por ciento, Gobierno Federal 81 por ciento, Diputados y Senadores 81 por ciento, Gobiernos Estatales 81 por ciento, Ministerio Público 79 por ciento, Instituciones Electorales 70 por ciento, Jueces y Magistrados 68 por ciento, Sindicatos 66 por ciento, Hospitales Públicos 48 por ciento. De lo anterior, se tiene que resaltar que 9 de 10 instituciones mencionadas se encuentran con una percepción negativa por arriba del 50 por ciento. Especialmente preocupante es que instituciones necesarias e indispensables para el Estado democrático, como el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, son consideradas muy corruptas. Así se explica la falta absoluta de confianza, por ejemplo, en el sistema electoral y la impartición de justicia.
Paradójicamente, se advierte un aumento sistemático del gasto público que el gobierno federal realiza desde el año 2004-2016: en el INAI, un 335 por ciento; y en la ASF, un 245 por ciento. Al INAI le incrementaron de 215 a 938 millones de pesos. En el caso de la ASF, subió de 613 millones, a 2 mil 200 millones en este año. No obstante, las percepciones sobre corrupción y transparencia, no parecen tener una relación positiva. Entonces, ¿dónde está el problema? La corrupción que se puede advertir a través del pleno acceso a la información pública, no causa que se integre correctamente una averiguación (ni se averigua, como pasa con Emilio González), y cuando esto llega a suceder, no se imparte debidamente justicia; de modo que todo continúa impune. Del millón 697 mil 702 averiguaciones iniciadas, solo 75 mil 593 concluyen con sentencias condenatorias en la primera instancia. Considérese, además, que el 63 por ciento no denuncia porque “no sirve de nada”, y otro 53 por ciento indica que “no confía en las autoridades”. Entonces, efectivamente, muy corruptos, pero transparentes…