Las multas y sanciones son imprescindibles para inhibir las conductas que van en contra de las leyes y normas. Se sanciona al infractor para disuadir que la mala conducta vuelva a ocurrir. Debido a ello, en algunas legislaciones se considera reincidente a quien repite una infracción. La sanción para quien recae suele ser más severa, justamente para -al aumentar el castigo- lograr persuadirlo de no repetir la conducta indeseada, motivo de la sanción. Esta sería la lógica de las multas y sanciones que buscan prevenir accidentes o conductas que colocan en riesgo a los demás. Un buen ejemplo es «El Torito«, que detecta a conductores en estado de ebriedad, los detiene, retira del volante y los sanciona. Con ello se previenen accidentes, a la vez que se castiga con severidad a los infractores.

Una vez más. El problema con las fotomultas es que están pactadas en Jalisco como un negocio para una empresa (Autotraffic), que se lleva el 40 por ciento de cada multa pagada por el ciudadano. Hasta ahora, las fotomultas no son un instrumento para sancionar infractores y desalentar las malas conductas al frente del volante. No son de ninguna forma preventivas. Los términos de los contratos entre gobierno y empresa acusan que se trata de un negocio –eso son en realidad– que está pactado de forma absurdamente contraria a cualquier política de prevención. Todo, porque algún coyote, dentro o fuera del gobierno, negoció el arreglo con una jugosa tajada de comisión por cerrar ese negocio al estilo Jalisco, esos donde pierde el ciudadano para que gane un empresa que trafica con influencias.

No se entiende que si el propósito es prevenir accidentes, el gobierno pacte una cuota total de fotomultas a aplicar, o de lo contrario se comprometa por contrato a pagar con dinero público la diferencia a una empresa. Así de burdo y torcido. Autotraffic y gobierno tienen firmados sendos contratos donde ambos se comprometen por mes a imponer una ¡cuota total de multas!. De esta forma, en el contrato 57/14 se puede advertir un compromiso del gobierno para imponer ¡50 mil infracciones por mes!, o el erario público debe pagar el faltante, según los términos de la licitación pública local LPL02/2014, que comenzó a partir del 01 de mayo de 2014 y termina el 30 de septiembre de 2018. Una incomprensible cuota de infracciones establecida por contrato (Contrato 57/14 de Gobierno del Estado con Autotraffic. http://sepaf.jalisco.gob.mx/gasto/contratos/5714).

Ahora que el gobernador suspendió temporalmente el programa de fotomultas, es la ocasión para una objetiva rendición de cuentas sobre legalidad y destino de los recursos producto de las fotomultas. Viene bien preguntarse, ¿a dónde van a parar los recursos que no se pagan a Autotraffic? ¿A causa de qué se debe dinero al proveedor, si se pactan términos ‘a modo’ en los contratos? ¿Por qué recibió el proveedor dinero de los contratos 57/13 y 57/14, por un mismo servicio, desde agosto de 2014, a marzo de 2016? ¿Quién puede explicar por qué el último contrato del gobierno pacta un 40 por ciento de cada multa pagada para la empresa Autotraffic, cuando ese porcentaje, antes, era de apenas el 19 por ciento?

Es plausible toda política que nos lleve a salvar vidas. No obstante, no debe ser la fotomulta una fachada para encubrir un negocio turbio disfrazado de política de prevención de accidentes, donde los únicos que obtienen exorbitantes resultados son la empresa contratada por el gobierno, y el coyote que comprometió por contrato una cuota total de multas a imponer, exista o no la conducta infractora. Recordemos que sólo en lo que va de este gobierno se han impuesto aproximadamente ¡4 millones de fotomultas! (Milenio, 04/03/2017). Lo menos que se debe solicitar son cuentas claras de los términos de los contratos con Autotraffic, de cuál es el destino de los recursos pagados y cuáles son los resultados. Sobre todo porque el contrato 330/16, que arrancó el 01 de octubre de 2016 y terminará el 30 de noviembre de 2018, acuerda ‘cuotas mensuales’ de foto infracciones con 40% del costo de la multa para el proveedor, «cuyo monto real de pago se calculará con el número de infracciones efectivamente pagadas a la secretaría». Así de trompudos…

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