Los problemas para el fondo de Pensiones y Jubilaciones del Estado de Jalisco iniciaron en 2009, cuando se modificó la Ley de Pensiones para permitir que el Ejecutivo disponga de poder absoluto sobre el dinero de las aportaciones que los trabajadores realizan para su pensión y jubilación. Emilio González promovió una reforma a la Ley de Pensiones en el Congreso. A consecuencia de ello, se eliminó la vigilancia del Legislativo sobre las inversiones del fondo de pensiones y se abrió, con ello, la puerta para una cantidad de operaciones financieras corruptas, que han conducido al Ipejal al borde de la quiebra financiera. Ahora que se discute en foros la posibilidad de una reforma a Pensiones, se evade por completo la responsabilidad que ha tenido el Consejo Directivo integrado a modo por cada gobernador, que utiliza discrecionalmente el dinero que los trabajadores aportan para su pensión y jubilación, en una cantidad inversiones fraudulentas y fallidas.
Utilizó 89 millones de dólares en el proyecto de Chalacatepec. También, 340 millones de pesos en las Villas Panamericanas. Incluso, 604 millones se usaron discrecionalmente para la compra de bonos de deuda a Abengoa, bajo el consejo del asesor financiero contratado por Ipejal. Compra de medicamentos a sobre precio (según consta en los resultados de las auditorías) y adquirió una cantidad de terrenos a precios que exceden su valor comercial. Por ejemplo, el 22 de agosto de 2012, Ipejal y Santa Cruz Inmobiliaria de Chapala firmaron un fideicomiso; el primer predio a desarrollar son 53.7 hectáreas de dos fracciones de las comunidades de Santa Cruz de la Soledad y San Nicolás de Ibarra, pero el compromiso de Ipejal era aportar hasta 28.8 millones de dólares mientras que los urbanizadores totalizarían 450 hectáreas de terreno.
El presidente de la Federación General de Trabajadores del Estado y sus Municipios, Cuauhtémoc Peña Cortés, en 2016, documentó la ejecución de 390 millones de pesos del fondo para financiar un desarrollo inmobiliario en el ejido Santa Cruz de la Soledad, en Chapala, que sigue el parámetro de esos negocios inmobiliarios con dinero de los trabajadores: la opacidad y la inviabilidad financiera.
El dirigente sindical destacó que recién han documentado la existencia de un fideicomiso “con la misma forma de operar que en Chalacatepec; pareciera que existe colusión de funcionarios para defraudar trabajadores usando la Ley del Instituto de Pensiones […] igual que en el caso de Chalacatepec, la dirección de Asuntos Agrarios del gobierno del estado ha intervenido para imponer comisariados ejidales afines que entreguen las tierras de uso común de los ejidos a particulares, quienes a su vez las incorporan a fideicomisos usando la fuerza pública del estado para amedrentar a quienes se resisten”.
Otros proyectos inmobiliarios en los que Ipejal se ha involucrado son el fraccionamiento Los Portales, en Tlaquepaque; La Toscana, Altaria Bosque Residencial y un proyecto para urbanizar parte de la ex hacienda La Mora, en Zapopan; Sendero de Luna, en Puerto Vallarta; así como un conjunto de viviendas y comercios edificado por la constructora Xamix, en Guadalajara. De forma que la principal causa de la inminente quiebra financiera de Ipejal, no está en los beneficios de los jubilados, sino en la cantidad de inversiones fallidas, corruptas e inviables que se realizan discrecionalmente a espaldas de los trabajadores.
Mi columna también la encuentras aquí, en Milenio Jalisco.