Foto: Diario de México
Esencialmente, ¡al modelo ruta-empresa! Quisieran descarrilar el sistema pues resulta más cómodo –por la anarquía que impera- el esquema hombre-camión, que evade impuestos, permite el lavado de dinero, fomenta la discrecionalidad y la explotación de los choferes. Se oponen al costo tarifario de 7 pesos. Obvio, demandan que el costo de la tarifa sea de 10 pesos. Exigen, además, que autobuses que tienen más de 10 años de antigüedad en servicio: 1) se les aumente la tarifa a 10 pesos; y 2) que se les otorgue una prórroga a efectos de que cambien a un autobús nuevo cuando éste cumpla 14 años de antigüedad/servicio; ello a pesar de que la ley señala que deben ser sustituidos a los 10 años!. Es decir, los señores esperan que el usuario pague el costo, ese sí inevitable, de montarse en vejestorios de autobuses, que sigamos respirando el cúmulo de contaminación que arrojan esas unidades y, que a costa del sacrificio del usuario, ellos sostengan un negocio impune, de privilegios, en sacrificio del servicio al usuario.
Señalan que el prepago debe ser operado por los propios concesionarios. Están en desacuerdo con que sea obligado participar en un sistema interoperable, cuya administración está a cargo de terceros. En el contexto de que la empresa Sistecozome está en liquidación, los transportistas demandan que a los subrogatarios que dependen de él se les entregue concesión individual en la ruta que presten el servicio. Mantienen el rechazo para aceptar transvales a los estudiantes, sin que tengan una credencial especial que los acredite como beneficiarios por parte del Gobierno del Estado (ahora resulta). No obstante, son por lo menos siete rutas, los que ya rechazan los transvales, con el pretexto de que “son falsos”. Se oponen a que las unidades sean adaptadas con rampas para sillas de ruedas, a cambio proponen habilitar unidades exclusivas (¿cuántas?, ¿en qué horarios?, ¿de qué forma?) para personas con alguna discapacidad. En síntesis, están a favor de otorgar un servicio inhumano, indignante, y profundamente inseguro.
Como colofón viene bien señalar que, algunos de los transportistas de ciertas rutas que suspendieron el servicio -en demanda de aumento a la tarifa-, circulan con permisos vencidos. Se tienen reportados 495 subrogatarios cuyos permisos expiraron. En este grupo se encuentran por lo menos 20 unidades de las rutas 622 y 629, que formaron parte del paro camionero. También aparecen 18 unidades con permiso vencido de la ruta 636 A, doce de la 623-A, once de la ruta 626 y de la 619; todas formaron parte del grupo que suspendió el servicio. Se trata de sostener un sistema de privilegios, negocios y complicidades, todo a costa del usuario del transporte que debería ser público: enfocado a ofrecer un servicio de calidad.