Al final de la semana pasada se aprobó el “Dictamen de decreto que reforma la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios”. Es un dictamen extenso y particularmente bien fundamentado. Desde 2009, con la aprobación del la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, que significó -lo podemos advertir ahora- un error terrible que nos condujo a una circunstancia tal que, ahora se debe aceptar la inviabilidad financiera del fondo que garantiza un derecho social, si no se aplican los urgentes correctivos necesarios.
De forma que, este decreto de reforma admite que “la situación económica del Instituto de Pensiones no se muestra próspera para garantizar a los afiliados la disponibilidad de recursos para el pago de sus futuras pensiones, puesto que su sostenibilidad financiera se ve amenazada a partir de que los balances financieros del Instituto y proyecciones a futuro muestran una considerable desproporcionalidad entre los ingresos que percibe por las cotizaciones de sus afiliados frente a los egresos que realiza en pago de pensiones”. La advertencia que se incluye en este texto no deja lugar a dudas: “De las recientes revisiones realizadas a la suficiencia presupuestal del Instituto de Pensiones, se advirtió que de mantenerse la tendencia de crecimiento en el número de pensionados con que cuenta dicho Instituto, en el año 2027 ni el fondo de reservas, ni las aportaciones serían suficientes para cubrir sus gastos, lo que implicaría una afectación tanto a los pensionados actuales como a los futuros, situación que hace imperiosa la necesidad de prever lo necesario para evitar su colapso”.
La consultoría Valuaciones Actuariales del Norte presentó en febrero de 2021 los resultados de la valuación realizada con corte al 31 de diciembre de 2019. En este estudio actuarial, se admite que las principales causas de ‘descapitalización’ del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco son A) El incremento en la esperanza de vida. B) Decremento en la tasa de natalidad. C) la insuficiencia de aportaciones. Llama la atención que NO se admite NADA respecto de las millonarias inversiones fraudulentas, que acortaron muchísimo más la viabilidad del fondo, y de la que funcionarios de los últimos tres sexenios serían responsables. Es decir, nada se acepta sobre la corrupción en el deliberado manejo de este fondo, que básicamente se creó para garantizar un derecho social a la pensión y la jubilación.
El ‘dictamen de decreto’ reconoce que “no hay relación entre beneficios y aportaciones”. Pero omite señalar que tampoco hay relación entre inversiones multimillonarias y rendimientos. Incluso, algunas de estas son estafas bien calculadas (por los coyotes financieros), para las que parece no haber responsables al daño causado al IPEJAL: entre más grande es el fraude, mayor impunidad existe frente al quebranto causado. Resulta un acierto que, finalmente, los legisladores se ocupen de los aprietos financieros derivados de esas ‘pensiones doradas’. No obstante, el problema mayor es, y ha sido, las inversiones fraudulentas, así diseñadas, en desarrollos inmobiliarios, con dinero de los trabajadores.
Mi columna la puedes encontrar aquí, en Milenio.