El gobierno de Jalisco admitió que la crisis del agua en la metrópoli es real, histórica y estructural. Esa confesión debería abrir una etapa de responsabilidad pública. Pero la forma del anuncio dice casi tanto como su contenido. No apareció el gobernador. La explicación quedó en manos del jefe de Gabinete, acompañado por funcionarios sigilosos. Para una crisis que toca la salud, la dignidad doméstica y la confianza en Jalisco, la ausencia política del gobernador no es un detalle. Es un mensaje tácito.
El plan reconoce más de veinticinco años de abandono hidráulico, cerca de doscientas colonias afectadas según la versión oficial, más de treinta acciones, cinco mil millones de pesos inmediatos y otros veinte mil millones para obras de largo plazo. El Universal documentó que el paquete ronda los veinticinco mil millones e incluye un nuevo acueducto Chapala Guadalajara y la reconversión de plantas potabilizadoras. La solución definitiva requiere respaldo del Congreso y la Federación. La pregunta no es si la ciudad necesita inversión. La pregunta es por qué se pretende iniciar por el crédito y no por el diagnóstico.
Ahí está el punto ciego. Antes de pedir deuda, inversión privada o esquemas de construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación, el gobierno tendría que mostrar qué está contaminado, dónde se contamina, en qué tramo se agrava, qué plantas fallan, qué tanques acumulan sedimentos y qué redes colapsan. Sin eso, el plan parece menos una política hídrica y más una licitación esperando justificación. La ciudad necesita verdad técnica y una autocrítica respecto de la proliferación de nuevos desarrollos inmobiliarios de cara a una “crisis del agua”.
La CEDHJ ya había dejado pistas graves. En la recomendación 10/2026 documentó que la planta de Miravalle fue construida en 1956 y ampliada en 1978, que abastece a 655 colonias y fraccionamientos, y que el laboratorio del SIAPA no cuenta con acreditación ante la Entidad Mexicana de Acreditación. También señaló que canales a cielo abierto como Atequiza y Las Pintas reciben alteraciones por descargas residuales y escurrimientos agrícolas. Si no se sabe qué ocurre entre Chapala, Las Pintas, Miravalle y la llave de cada casa, pedir 25 mil millones es ponerle “dinero bueno al malo”.
Mientras el gobierno propone grandes obras, el director del SIAPA cancela su comparecencia ante diputados. Ismael Jáuregui no acudió a la mesa de trabajo de la Comisión de Hacienda porque estaría supervisando La Calera y el nuevo módulo de Miravalle. El problema no es sólo la agenda del funcionario. Es la falta de sentido común del poder. Se pide confianza, pero no se comparece. Se habla de transparencia, pero no se entrega un diagnóstico completo. Se invoca corresponsabilidad, pero se evaden los espacios donde deben explicarse las inversiones.
En la vida ordinaria, es la familia que abre la llave y no sabe si puede bañar a sus hijos. Es la persona que compra garrafones aunque ya pagó el recibo. Es la colonia que aprende a desconfiar del agua, de la autoridad y de sus propios sentidos. La CEDHJ ha señalado que el universo de colonias vinculadas a Miravalle llega a 650.
El debate no puede reducirse a si se aprueba o no una nueva deuda. La discusión real es si Jalisco aceptará que una crisis pública sea una oportunidad financiera antes de convertirse en verdad de lo que ocurre. La participación privada no es mala por definición, pero en un organismo sin diagnóstico completo, comparecencias canceladas, reportes sin folio y absoluta opacidad técnica, cualquier modelo privado nace bajo fuerte sospecha. No se privatiza la eficiencia. Se corre el riesgo de privatizar el desorden, y entregar millones sin sustento.
El gobierno ya reconoció la crisis. Ese paso importa. Pero reconocer no es resolver. Y anunciar no es gobernar. El agua exige una mesa técnica independiente, datos abiertos, monitoreos verificables, mapas por colonia, auditoría de tanques y redes, explicación sanitaria seria y comparecencia pública del SIAPA ante el Congreso. Después podrá discutirse la ingeniería financiera. Antes no. Cuando una ciudad recibe agua turbia y el poder responde con deuda, obras sin diagnóstico y ausencias, la sospecha deja de ser simple oposición. Se vuelve sentido común de las cosas.
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