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El ‘ambicioso’ paquete de 20 reformas constitucionales y leyes secundarias, propuesto por el Presidente de México el 5 de febrero de 2024, marcará uno de sus últimos actos significativos de su gobierno, antes del fin de su mandato. Este conjunto de iniciativas busca modificar profundamente aspectos claves del marco legal y social del país, retomando y ampliando algunos de los cambios que el presidente ha intentado a lo largo de su sexenio. El objetivo declarado es ‘garantizar la continuidad de su proyecto de gobierno y solidificar su legado político’.
La prensa internacional, cubierta por Reuters, informa que “las reformas constitucionales propuestas por el presidente López Obrador incluyen la revisión del poder judicial, la ley electoral, las pensiones y las regulaciones ambientales”. Sin embargo, para transformar la Constitución, la expresión política encabezada por el presidente requerirá una mayoría calificada (dos tercios en el Congreso), que Andrés Manuel López Obrador y sus aliados no alcanzan actualmente.
Ante la evidente ausencia de la mayoría calificada, la iniciativa de reformas constitucionales se ha colocado ya como un tema central en las discusiones políticas, justo antes de las próximas elecciones presidenciales. El residente intenta con éxito definir la agenda del debate político nacional, cara a la elección más ‘grande de la historia’, especialmente en temas sensibles como la reforma judicial y electoral, los órganos Constitucionalmente Autónomos, algunos derechos sociales y las regulaciones ambientales. De entrada, los gobernadores afines al presidente se han manifestado ya con una disciplina espartana.
Estas iniciativas traen un cálculo político del tiempo implacable, y buscan polarizar la discusión nacional. Es decir, el debate de la oposición versus Morena y sus aliados, con un discurso difícil de contener en la arena del debate electoral: la posibilidad de establecer derechos constitucionales y reforzar ideales como el ‘humanismo’, la ‘justicia’, la ‘honestidad’, la ‘austeridad’ y la ‘democracia’. Entre las iniciativas de reformas destacan la reducción de legisladores en el Congreso (de representación proporcional), elección directa de jueces, aumento anual del salario mínimo por encima de la inflación, prohibición del fracking y la minería a cielo abierto, y aumento de becas para niños en pobreza. Temas, todos, muy difíciles de llevar para la oposición en plena campaña presidencial.
Una tentativa mayoría calificada, que haga posible la aprobación de cambios constitucionales, supone, necesariamente, obtener apoyo más allá de Morena y sus aliados; específicamente con partidos que hoy son opositores. La apuesta del presidente tal vez sea precisamente el contexto electoral, que podría colocar contra las cuerdas a los partidos del bloque opositor, y propiciar negociaciones que hoy parecieran imposibles, ya que los partidos podrían adoptar posturas más ‘electoreras’ un año de comicios presidenciales, justamente.
Por ahora, el primer objetivo del presidente ha sido logrado. La prensa nacional e internacional ha cubierto ampliamente el paquete de reformas constitucionales, destacando su objetivo de reforzar el proyecto de nación en su último año de gobierno, incluso con el abordaje de temas muy delicados como las drogas sintéticas.
El aumento del monto de pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, becas para estudiantes de familias pobres, garantía de atención médica gratuita para todos los mexicanos, y las regulaciones en materia de vivienda, la austeridad republicana y eliminar dependencias y organismos considerados ‘onerosos’, parecen ser la joya de la corona para el impulso político que el presidente busca en el año de cierre de su mandato. Lejos de perder fuerza, retoma bríos y finalizará definiendo ya la agenda de la discusión de las campañas presidenciales.
En el análisis de Reuters, sugirió que, aunque el presidente busca centralizar el poder ejecutivo y reorganizar funciones gubernamentales que considera corruptas o costosas, ha enfrentado desafíos por parte de jueces y legisladores. De forma que necesariamente, surgen interrogantes importantes sobre el equilibrio de poderes, la autonomía de instituciones democráticas y el futuro de la economía.
https://www.milenio.com/opinion/gabriel-torres-espinoza/con-pies-de-plomo/amlo-propone-el-congreso-dispone