En días pasados fue publicado el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, elaborado por World Justice Project (WJP). Es importante señalar que su hechura parte del análisis y evaluación de ocho factores a saber: I) límites al poder gubernamental; II) ausencia de corrupción; III) gobierno abierto; IV) derechos fundamentales; V) orden y seguridad; VI) cumplimiento regulatorio; VII) justicia civil; y VIII) justicia penal. Éstos, a su vez, se disgregan en 42 sub-factores en total. Finalmente, habría que advertir que los puntajes obtenidos en el ranking oscilan entre 0 y 1, donde 1 “indica la máxima adhesión al Estado de Derecho” —y 0 su nula adhesión—.
Respecto del estudio, en términos generales, habría que destacar que ni una sola entidad federativa registra un score superior a 0.50 puntos. Por otro lado, la media nacional, en las 32 partes integrantes de la federación, es de apenas 0.42 puntos. De esta manera, el estado con mayor puntaje es Querétaro, con 0.49; mientras que el estado que aparece al final del Índice es Guerrero con 0.34. Jalisco, por su parte, aparece en la posición 24/32 con 0.38 puntos.
Ahora bien, sobre Jalisco habría que observar lo siguiente: No acreditó una sola centésima de mejoría en este ranking de Estado de Derecho, respecto del año anterior, toda vez que, en la edición de 2020-2021, obtuvo exactamente el mismo score que en la edición 2021-2022, esto es, 0.38 puntos. Asimismo, en los rankings desagregados por cada uno de los ocho factores —citados líneas arriba— que, a su vez, definen al ranking general, en NINGUNO, el estado de Jalisco, obtiene una calificación superior a la media nacional.
De forma que, Jalisco, en el ranking del “factor 1: límites al poder gubernamental”, se posiciona en el lugar 15/32; en el “factor 2: ausencia de corrupción”, en la posición 27/32; en el “factor 3: gobierno abierto”, aparece en el sitio 17/32; en el “factor 4: derechos fundamentales”, se ubica en el lugar 23/32; en el “factor 5: orden y seguridad”, se posiciona en el nivel 24/32; en cuanto al “factor 6: cumplimiento regulatorio”, en el 26/32; respecto del “factor 7: justicia civil”, se observa en el peldaño 27/32; y, finalmente, en el “factor 8: justicia penal” nuestra entidad termina por ubicarse en el puesto 22/32.
Ahora bien, en cuanto a los 42 sub-factores de medición para la elaboración condensada del Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, antes mencionados, nuestra entidad obtiene calificaciones o puntajes bastante lamentables en los siguientes rubros. En el sub-factor “los organismos de control son un contrapeso eficaz” registra un score de 0.29 —recuérdese que el promedio obtenido en el ranking general y condensado, por Jalisco, ascendió a 0.38—. En el sub-factor “ausencia de corrupción (ojo con esto) en las instituciones de seguridad y procuración de justicia”, obtiene 0.27. En el sub-factor “ausencia de homicidios” 0.17 —siendo esta la calificación más baja dentro de los 42 sub-factores considerados en el ranking general—. En el sub-factor “investigación penal eficaz” obtiene 0.18 puntos —siendo la ¡2da calificación más baja dentro de estos 42 sub-factores! —. Como conclusión subyacente del ranking elaborado por WJP, podemos advertir que el Estado de Derecho, y su antípoda la impunidad, no tiene carácter «absoluto» ni «binario», es decir: I) no existen países o entidades federativas con un Estado de Derecho indefectible o infalible [Dinamarca, p. ej., en el ranking internacional de WJP, se posiciona en el 1er lugar, a nivel internacional, con un score de 0.90]; y II) en todo caso, lo existente es una mayor o menor aproximación al Estado de Derecho, de forma que no se puede decir que se tiene o no se tiene Estado de Derecho —lo que aduciría una condición binaria—. En ese sentido, lo que Jalisco acredita es ¡una cada vez menor aproximación o mayor alejamiento al rule of law! En definitiva, los factores que determinan separación y equidistancia frente al Estado de Derecho son: impunidad, corrupción y simulación, todas hoy más arraigadas en Jalisco.
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