Entre octubre de 2024 y febrero de 2026 se entregaron 9 mil 128 armas de fuego a cambio de estímulos económicos que van de 500 a 26 mil pesos
Desde el inicio del actual gobierno federal se han incautado alrededor de 18 mil armas, y ocho de cada diez provienen de Estados Unidos. No se trata de pistolas artesanales ni de rezagos del mercado negro regional, sino de fusiles Barrett calibre cincuenta, ametralladoras, lanzagranadas y municiones diseñadas para perforar blindajes y derribar aeronaves.
Entre octubre de 2024 y febrero de 2026 se entregaron 9 mil 128 armas de fuego a cambio de estímulos económicos que van de 500 a 26 mil pesos. Mientras el Estado recupera miles de armas por la vía civil, cada año ingresan ilegalmente entre 200 mil y 500 mil desde el vecino del norte. Es como vaciar una piscina con un vaso, mientras la llave permanece abierta.
La violencia asociada a este flujo no es abstracta ni estadística. Los cartuchos calibre cincuenta identificados con las siglas L C de la planta Lake City, han sido utilizados para ‘rafaguear’ ayuntamientos, derribar helicópteros y asesinar a policías, militares y civiles. Son proyectiles con alcance de kilómetro y medio, diseñados para destruir vehículos y hoy disponibles para civiles en todo Estados Unidos. El problema no es solo que crucen la frontera, sino que existan legalmente en los estantes.
La cooperación bilateral ha intentado reaccionar. El Grupo de Implementación de Seguridad, la llamada Misión Cortafuegos y el uso ampliado de herramientas de rastreo como eTrace muestran un discurso de coordinación. También se presume la apertura de más de 125 investigaciones por tráfico de armas durante la administración Trump y el reconocimiento a México por el traslado de criminales de alto impacto. Sin embargo, los propios datos revelan la fragilidad del esfuerzo. Desde 2012 se han incautado más de 137 mil cartuchos calibre cincuenta en México, y casi la mitad proceden de un solo fabricante, vinculado al ejército estadounidense.
La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó por unanimidad la demanda mexicana contra fabricantes de armas, bajo el argumento de que no impedir ventas ilegales no equivale a complicidad. El tribunal admitió que las armas estadounidenses llegan a traficantes, pero cerró la puerta a la responsabilidad civil. Es una decisión que protege al mercado, no a las víctimas. México ha insistido con otra demanda en Arizona, aún pendiente, mientras la estructura legal estadounidense blinda a la industria armamentista.
Mientras tanto, Canadá reaccionó a una masacre con la prohibición de más de mil 500 modelos de armas y una congelación nacional de la venta de pistolas. En Estados Unidos, en cambio, se discute incluso la desaparición de la agencia encargada de rastrear armas. Mientras las armas sigan fluyendo desde el norte con respaldo legal, la cooperación bilateral contra el crimen será retórica, el debate jurídico un callejón sin salida y el costo humano una estadística que se renueva cada año.
POR GABRIEL TORRES
PROFESOR E INVESTIGADOR EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
@GABRIELTORRESES