rector udg/Imagen Internet
El Gobernador publicó un comunicado invitando al diálogo, desde algunas premisas. La Universidad, a través del Rector general, ha aceptado la invitación en la búsqueda de coincidencias, sobre las diferencias. Los consensos suelen ser el resultado de los disensos. La cimentación de acuerdos, por mínimos o amplios, suelen ser el efecto de la argumentación, la negociación y la conciliación entre las partes. Los acuerdos se alcanzan sobre “aquellos bienes que hacen posible la convivencia democrática en una sociedad plural; en política los consensos siempre son parciales porque no pretenden la uniformidad de ideas e intereses, sino sólo la aceptación de ciertos procedimientos y valores que hagan posible una convivencia social, legal, pacífica y justa” (Glosario de Términos Políticos).
Se puede distinguir entre, al menos, dos tipos de acuerdos. Primero, los que ocurren en torno a lo dispuesto por la ley, y que podemos llamar acuerdo público básico. Segundo, los que se alcanzan en torno a los disensos sociales concretos, no necesariamente derivados de la observancia puntual de la ley, sino de una concepción de cómo se ejerce la gestión pública. De forma que, el consenso básico es relativamente más sencillo de alcanzar, si las partes se circunscriben a la norma. Empero, construir consensos para resolver los disensos sociales, respecto de modos de asumir o entender la gestión pública, suele ser más complejo.
El gobernador ha expuesto, como en otras ocasiones, que “la Universidad de Guadalajara debe dejar de usarse como instrumento de presión política. Dicho de otra manera, la formación de partidos políticos, la búsqueda de espacios de influencia en los poderes públicos y el uso de la comunidad universitaria para atender agendas particulares, NO pueden formar parte de sus funciones sustantivas. Por el contrario, los esfuerzos y los recursos universitarios deben orientarse exclusivamente a su fortalecimiento institucional”. A la cita de marras se le pueden asignar significados disímbolos o dar motivo a múltiples interpretaciones, mismas que enriquecen este intercambio que se ha decidido hacer público. Difícilmente los interlocutores pueden dejar fuera esto, en un ‘diálogo’ entre Gobierno y Universidad, pues resulta obvio. Tal vez, como ha ocurrido en la relación con otras universidades públicas y diversos gobiernos.
‘Molina y Rosas’ aportan un amplio análisis al respecto: “Los gobiernos de la República han embestido a la Universidad cerrándola o limitándole los recursos. También, a través del discurso político” (Molina y Rosas pp.169/170). Las tensiones son bastante regulares entre los gobiernos y las universidades autónomas. Dialogar, sobre lo que a cada quien corresponde, según lo dispuesto por la ley, es una verdad o certeza que, por notoriamente sabida, resulta obvio decirlo.
La Universidad no se debe ‘partidizar’, desde luego. La Universidad, como tal, no puede y no tiene (ni debe tener) presencia en los poderes públicos (los universitarios, en lo individual, todo el derecho). No puede atender a ‘agendas particulares’, claro está, puesto que se trata de una institución pública de enorme relevancia social. Atender sus ‘funciones sustantivas’: docencia, investigación y rescatar, conservar, acrecentar y difundir la cultura. Sus ‘recursos universitarios deben orientarse exclusivamente a su fortalecimiento institucional’, obviamente. Más allá de las interpretaciones, esto es ‘by the book’ (según las reglas). Argumentos que difícilmente se pueden objetar.
En tanto que, al gobierno, le corresponde (‘by the book’) respetar la división y el ejercicio entre poderes, gestionar y entregar los recursos suficientes para la educación media y superior, para las actividades culturales que distinguen a Jalisco, y la financiación de la investigación científica. Garantizar la integridad física de las y los universitarios. Respetar el periodismo libre y la libertad de crítica de especialistas y académicos. Reconocer y asumirla autonomía universitaria, y de los órganos de gobierno universitarios. Prescindir de utilizar el presupuesto público del gobierno, con fines electorales o para la promoción del voto, así como ‘partidizar’ el gobierno y orientar con recursos públicos resultados electorales, entre otros.
https://www.milenio.com/opinion/gabriel-torres-espinoza/con-pies-de-plomo/by-the-book