En días pasados, el Ayuntamiento de Guadalajara dio ‘marcha atrás’ al decreto con el que se ampliaba la concesión para que Caabsa Eagle recolectara la basura por 15 años más. Además de que se preveía un aumento de un 54 por ciento por el pago de la tonelada de basura recogida en la capital. Un ‘golazo’, sin duda, el que meterían al siguiente gobierno municipal, puesto que se aprobaría esta concesión en el año 2021, cuando la concesión vence en 2024. Es decir, dentro de tres años (¿¿¿???).
Actualmente, Caabsa tiene vigentes concesiones de basura con tres municipios metropolitanos: Guadalajara, Tonalá y Tlajomulco. Caabsa, se perfila como el enemigo medioambiental número uno de la metrópoli, con la ‘complicidad ficta’ de autoridades municipales y estatales de tres signos partidarios, que han emanado desde la primer alternancia registrada en nuestro estado. También, desde 2003 a la fecha, ‘opera’ Los Laureles: el tiradero de basura que recibe la basura en los tres municipios metropolitanos, y también una de las paradas obligatorias de lo que un sinfín de reconocidos colectivos ambientalistas han denominado como un punto emblemático del ‘Tour del Horror’ en nuestra entidad, que acusa como punto culmen de estupefacción el Río Santiago en el cruce limítrofe de El Salto y Juanacatlán.
De forma que el tiradero Los Laureles ha sido el epicentro de tres incendios de gran magnitud: en 2003, uno afectó a una hectárea; en 2006, un nuevo siniestro consumió 10 hectáreas; y, en abril de 2019, el último afectó un total de ocho hectáreas. Lo anterior, debido a las deplorables condiciones en las que opera al margen de toda norma. Para muchos, no son más que atroces incendios inducidos, como leonina estrategia que persigue el objeto de amainar los efectos de un tiradero rebasado absolutamente en sus capacidades, a costa del derecho humano a un medio ambiente sano.
Todo ello, sin contar el gran volumen de lixiviados [líquidos de la basura] que se generan en Los Laureles, mismos que van a parar al colindante Río Santiago, el cuerpo de agua con los niveles de toxicidad más altos en el país, según ha reconocido la ONU. Las aguas de este río son cubiertas por una espesa y cuantiosa espuma que expide nauseabundos olores, mismos que han causado un acreditado problema de salud pública en los municipios de El Salto y Juanacatlán. De 2008 a 2018, se han registrado un total de mil 231 personas muertas a causa del Río Santiago –por enfermedades cardiovasculares, respiratorias y dermatológicas–.
Al fomentar la ‘no separación’ de los residuos, con la complacencia de autoridades, se inserta en un paradigma diametralmente opuesto a los principios de toda política en esta materia, que se basa en las ‘tres erres’: Reducir, Reutilizar y Reciclar —donde, desde luego, la separación de los residuos sólidos resulta condición ‘sine qua non’ de ésta última—.
No son pocos los que cuestionan si, en los hechos, el basurero ‘Los Laureles’ es un ‘relleno sanitario’, como se le denomina oficialmente, o un ‘tiradero de basura a cielo abierto’. De acuerdo al Banco Mundial (2019) uno de los principales beneficios de un ‘relleno sanitario’, respecto de los ‘basurales a cielo abierto (como Laureles)’, tiene que ver con que acreditan un método, debidamente normado, para recibir gran cantidad de basura sin dañar la salud pública además de que posibilitan el reciclaje de los residuos sólidos, a efectos de contrarrestar los daños al medio ambiente y el riesgo de incendios, y con ello mitigar al máximo la proliferación de olores tóxicos y fétidos en el área colindante. Nada de eso sucede con el ficticio, quimérico, novelesco, «relleno sanitario» de Los Laureles.
Mi columna también la puedes ver aquí, en El Respetable.