El transporte público en Jalisco volvió a mostrar su contradicción más incómoda, pues se presume una flota moderna, pero miles de usuarios siguen esperando camiones que no pasan. De 4 mil 550 unidades, alrededor de 500 están fuera de circulación por falta de operadores. Casi uno de cada diez camiones existe en el inventario, pero no en la vida diaria de quienes deben llegar al trabajo, a la escuela o al hospital.
La explicación oficial apunta al mercado laboral, señalan que los conductores prefieren aplicaciones de reparto. Puede ser. Pero esa lectura es insuficiente. No estamos ante un problema de oferta y demanda, sino ante el síntoma de una precarización acumulada. Si manejar una unidad implica jornadas extensas, presión, riesgos y remuneraciones poco competitivas, el problema no es la falta de choferes, es la falta de condiciones dignas.
El subsidio aparece como herramienta necesaria, pero también como zona de opacidad. Hacienda reconoce ampliaciones presupuestales; la Secretaría de Transporte promete que con más recursos habrá mejores salarios; el Observatorio Ciudadano advierte un pago indebido de 141.36 millones de pesos por entregar 2.60 pesos por viaje cuando correspondían 1.66. La pregunta es quién lo recibe, bajo qué reglas, con qué indicadores y a cambio de qué mejoras verificables.
En Tonalá, la respuesta llegó tarde, después del bloqueo, cuando vecinos de Praderas de Tonalá, Paseos de la Cañada, Vistas de Tonallan y Villas del Cortijo salieron a la carretera para exigir lo elemental: transporte suficiente. Esa protesta exhibe una falla mayor de planeación urbana pues denota vivienda sin conectividad, rutas, frecuencias ni infraestructura.
Tampoco basta con descalificar los mototaxis si no se ofrece una solución inmediata, segura y accesible. La informalidad no nace por ocurrencia vecinal, sino por vacío institucional. Donde no llega el gobierno, aparece cualquier forma de traslado.
Jalisco no requiere solo más subsidios, sino mejores obligaciones públicas. Cada peso entregado al transporte debe traducirse en frecuencia, cobertura, seguridad, accesibilidad y trato digno. Si el transporte colectivo depende del dinero de todos, también debe rendir cuentas. Lo contrario es financiar una promesa que nunca llega a la parada.
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