Candil en la calle
Imagen: Gaceta UdeG
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Candil en la calle, oscuridad en la casa

El oficio signado por los titulares de la Consejería Jurídica y de la Secretaría de la Hacienda Pública, del Gobierno del Estado de Jalisco, con motivo de la ‘reasignación’ presupuestal de 140 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara, explícitamente admite las motivaciones a la violación de la autonomía constitucional, así como la facultad de “gobernarse a sí misma”, consagrada en el tercero constitucional.

El texto señala que la autonomía y autogobierno de la Universidad “se delimita a proteger las condiciones necesarias para la satisfacción del derecho a la educación superior”, sin establecerse la fuente jurídica de este supuesto ¡claramente inconstitucional! Más aún, como un falaz circunloquio, la afirmación pretende indicar que la finalidad única de las instituciones de educación superior, es la enseñanza. Nada más falso.

El artículo tercero constitucional, en su fracción VII, establece a la letra: “Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura, de acuerdo con los principios de este artículo (…) y administrarán su patrimonio”.

De forma que, de entre las “finalidades sustantivas” de la Universidad, como las ha dado en llamar el gobierno de Jalisco, se encuentran, además de educar, las de investigar y —OJO— “difundir la cultura”. Y, como reconoce gobierno de Jalisco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que dichas facultades —las de autonomía y autogobierno— no deben situarse “en un supuesto que las exceptúe o sustraiga del respeto al Estado de Derecho”. Y, en efecto, la Universidad de Guadalajara se acoge definitivamente a este principio constitucional (no legal) cuando decidió erigir, en el marco sus atribuciones, de su autonomía y autogobierno, el Museo de Ciencias Ambientales.

En el oficio de respuesta del gobierno de Jalisco se afirma que “en tanto la Universidad no recibió el recurso presupuestado, no puede considerarse que efectivamente haya ingresado al patrimonio de la misma, y por tanto no existe ninguna vulneración a la autonomía universitaria”.

El recurso es patrimonio de la Universidad, porque así fue aprobado legalmente por el Congreso de Jalisco. Después, se ministra. Recordemos que, cuando el Poder Ejecutivo de Jalisco asumió la ‘causa federalista’ [en la que, también, la Universidad lo acompañó], y con frenesí denunció los “recortes presupuestales” de la Federación a la entidad, estos: I) NO se encontraban en el presupuesto; y II) la alusión de “recorte” apenas refería al crecimiento real [que considera el impacto de la inflación], que, desde luego, deberían tener diversas partidas presupuestales para Jalisco en el PEF 2020. Ahora, viene y argumenta legal un ‘recorte’, del que antes ellos mismos se han quejado y calificado de ilegal.

El Consejo General Universitario acusa la vulneración a la autonomía presupuestal, por un recurso aprobado, legal y legítimamente por otro Poder, y formalizado en el presupuesto 2021. Pero, en Jalisco, el mismo gobierno que dice ‘defender el federalismo’, trasgrede el principio básico sobre el que descansa el federalismo: la potestad de autogobierno.

Mi columna la puedes encontrar aquí, en Milenio.

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