La crisis habitacional en Jalisco, derivada de la ausencia de planeación en el desarrollo de la vivienda, ha dejado un rastro de ‘ciudades fantasma’, donde miles de casas desocupadas se convierten en símbolos del fracaso de una política de vivienda que priorizó la especulación financiera, sobre la habitabilidad funcional. La Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020 revela que en México existen 6.15 millones de viviendas deshabitadas, muchas de ellas en municipios que enfrentan una constante expulsión de población. Tlajomulco de Zúñiga, el municipio con mayor cantidad de viviendas abandonadas en el país, es un claro ejemplo de esta problemática.
El abandono masivo de viviendas en municipios periféricos es consecuencia de décadas de financiación de la vivienda, donde el mercado dictó la expansión descontrolada de fraccionamientos sin considerar su integración con los servicios de la ciudad. Se construyeron miles de casas en zonas alejadas, sin servicios básicos, sin empleo cercano y con problemas de movilidad, condenando a estos ‘desarrollos’ a la desocupación y al deterioro. La paradoja es evidente: mientras en Jalisco hacen falta 449 mil viviendas, existen miles de casas vacías, que no cumplen su función social.
La expansión descontrolada de las periferias ha derivado en una degradación urbana evidente. Fraccionamientos inconclusos, falta de servicios, precarización de la movilidad y un entorno propicio para el abandono y la delincuencia. Este fenómeno no solo ha fragmentado el tejido social, sino que ha generado resistencias ciudadanas en defensa del derecho a la ciudad, exigiendo una planeación urbana que priorice la habitabilidad sobre la especulación. Paradójicamente, en lugar de atender las causas estructurales de la crisis habitacional, las nuevas políticas de financiación han convertido las viviendas deshabitadas en un insumo de mercado, donde se reciclan como activos financieros, en lugar de garantizar su acceso a quienes más las necesitan. La vivienda, lejos de ser un derecho, sigue tratándose como un producto de inversión y especulación, perpetuando el abandono y la desigualdad en el acceso a un hogar digno.
El caso más emblemático de este fenómeno es el complejo habitacional abandonado por la quiebra de Homex, en 2015, conocido como el “Chernóbil mexicano”. Este desarrollo, que debió convertirse en hogar para miles de familias, terminó siendo un conjunto de ruinas, invadido por la maleza, la delincuencia y la inseguridad. Ahora, la administración municipal de Tlajomulco ha puesto sobre la mesa una estrategia para recuperar estas viviendas y destinarlas a programas de asistencia social.
El presidente municipal, Quirino Velázquez, logró un acuerdo con la institución financiera a cargo del desarrollo para destrabar el conflicto legal y reiniciar las obras. La intención es que este proyecto se incorpore al Programa de Vivienda para el Bienestar del Gobierno Federal, garantizando su acceso a familias en situación vulnerable. Sin embargo, el reto no solo radica en recuperar la infraestructura, sino en dotar a estas viviendas de condiciones de habitabilidad reales: transporte, calles, servicios básicos, empleo y seguridad.
La correlación entre el aumento de vivienda deshabitada y la expulsión de población en municipios como Tlajomulco, demuestra que el modelo actual de desarrollo urbano es insostenible. Construir casas sin un plan de integración urbana solo genera más abandono y marginación. La política de vivienda debe reorientarse hacia la recuperación y reactivación de los espacios existentes, en lugar de perpetuar el círculo vicioso de expansión sin planeación, solo considerando la ganancia para desarrolladores, en detrimento de la ciudad.
La propuesta de recuperar el “Chernóbil mexicano” en Tlajomulco es un apuesta muy ambiciosa, pero si no se acompaña de políticas que garanticen su viabilidad urbana, solo se repetirá la historia de abandono y desconexión. Lo que Tlajomulco y otros municipios de la periferia necesitan, no es más vivienda, sino una reconexión con la ciudad, y una política que coloque el derecho a la vivienda por encima de los intereses económicos del mercado, basado en la especulación corrupta del territorio. Estamos ante casas sin gente, y gente sin casas.