MILENIO JALISCO consigna que de la LVII a la LXI Legislatura (actual) se ha registrado un total de 134 solicitudes de juicio político en el Congreso del Estado de Jalisco, no obstante, en 102 casos la Comisión de Responsabilidades ha concluido que no iniciar el procedimiento y, en cuanto a las solicitudes restantes, 31 se encuentran “en estudio” y apenas una ha concluido en juicio político. En este singular caso se trata de Elisa Ayón, quien fue destituida e inhabilitada el día 6 de marzo de 2014 para ocupar cualquier cargo público durante 10 años.
Ante la enorme dificultad que representa iniciar juicio político en contra de un servidor público electo popularmente, así como de aquellos de alta jerarquía pertenecientes al Poder Judicial o a un Organismo Constitucional Autónomo, se han presentado iniciativas para ciudadanizar y/o judicializar el juicio político [p. ej. la de Kumamoto] o para institucionalizar la revocación de mandato [p. ej. la de ‘Participación Democrática’, del Gobernador del Estado], con la finalidad de destituir e inhabilitar a un funcionario público por “actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”. Sin embargo, todas estas resultan inconstitucionales atendiendo los argumentos y criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta materia.
El juicio político, entendido como el método utilizado para fincar responsabilidad política a un funcionario de alta jerarquía, y con ello destituirlo e inhabilitarlo para ejercer un cargo público, tiene su origen en los Estados Unidos de América (impeachment). De hecho, el juicio político es una figura propia de los sistemas presidenciales, más no de los parlamentarios o semipresidenciales. ¿Por qué? Por la rigidez e inviolabilidad del periodo de mandato que tienen legisladores y titulares del Poder Ejecutivo en un sistema presidencial, caso contrario de lo que sucede en los sistemas parlamentarios y semipresidenciales, en donde el Gabinete [Primer Ministro y demás Ministros] está sujeto a la moción de confianza y de censura por parte del Parlamento, y el Parlamento puede ser disuelto a petición del Primer Ministro con la habida ratificación del Jefe del Estado.
La Constitución de España abona a este argumento, para señalar en su artículo 113, numeral 1°, que “El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura [que implica la remoción de uno, varios o todos los miembros del Gabinete]”. Así pues, ante el inviolable periodo constitucional para el que son electos legisladores y mandatarios en un sistema presidencial, se trata de extraer o extrapolar la idea de la responsabilidad política prevista en un sistema parlamentario o semipresidencial [disolución del Congreso o moción de censura], pero a través de la figura del juicio político. Sin embargo, la configuración constitucional del impeachment en los Estados Unidos, para bien, extendió el juicio político a integrantes del poder judicial, lo que se replicó en los países presidenciales de Latinoamérica.
En ese sentido, es importante destacar que si bien el procedimiento constitucional previsto para instaurar juicio político en los países presidenciales de América Latina implica básicamente el mismo mecanismo procesal que en México [una mayoría especial en el Congreso que así determine la destitución e inhabilitación de un servidor público], la utilidad práctica de esta figura de responsabilidad política se encuentra en franco desuso en nuestro País. Una contrariedad a la luz de los paradigmáticos y numerosos casos de juicios políticos exitosos para quien, incluso, preside la más alta magistratura de la Nación en la Región: Dilma Rousseff [Brasil: sigue el proceso en el Senado]; Otto Pérez [Guatemala: 2015]; Fernando Lugo [Paraguay: 2012]; y un largo etcétera. No nos hagamos bolas, lo que se necesita para que el juicio político funcione en México y en Jalisco es, únicamente, la voluntad política de castigar la corrupción. Cosa que, obviamente, no acreditan estos legisladores cómplices, comprometidos con el más ramplón chanchullo…
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