La reciente decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, representa un punto de inflexión en la ya compleja relación entre México y Estados Unidos. Este acto, anunciado en un discurso inaugural cargado de un nacionalismo exacerbado, tiene profundas implicaciones legales, políticas y económicas que trascienden el discurso de la lucha contra el narcotráfico.

La definición de terrorismo, según el FBI, se refiere a actos violentos motivados por ideologías que amenazan la seguridad nacional. Incluir a los cárteles mexicanos en esta categoría no solo plantea dudas sobre la interpretación de este concepto, sino que abre la puerta a un posible intervencionismo directo en territorio mexicano, algo que desde hace décadas se ha buscado evitar a toda costa, pero que, efectivamente, ha ocurrido en algunas ocasiones. La historia reciente ya nos da pistas de hacia dónde podrían dirigirse estas políticas. En 2020, Trump coqueteó con la idea de lanzar misiles a laboratorios clandestinos de droga, un acto que su entonces secretario de Defensa, Mark Esper, calificó como imprudente, pero que ahora parece más cercano a materializarse en su segundo mandato.

En términos legales, esta designación implicaría la activación de herramientas contempladas en la Ley Patriota, permitiendo sanciones financieras y comerciales más severas contra cualquier persona, empresa o institución que tenga vínculos, directos o indirectos, con las actividades de los cárteles. Esto no es menor, considerando que Estados Unidos ya ha congelado cuentas y sancionado a más de 600 personas y empresas mexicanas en los últimos 25 años, desde gasolineras hasta inmobiliarias, acusándolas de participar en operaciones de lavado de dinero.

Sin embargo, el verdadero impacto de esta política trasciende las sanciones económicas. Legisladores republicanos ya han planteado proyectos que permitirían el uso de la fuerza militar en circunstancias similares, argumentando que los cárteles, además de ser responsables del tráfico de drogas como el fentanilo, patrocinan la migración ilegal y operan con una fuerza armamentística que el gobierno mexicano no ha logrado contener.

Según Eurasia Group, la situación en México es uno de los principales riesgos globales para 2025, en parte debido al impacto que las políticas de Trump tendrán sobre las cadenas de suministro y las relaciones comerciales. El control que los cárteles ejercen sobre el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, genera ganancias anuales estimadas entre 19 y 29 mil millones de dólares. Atacar este flujo no solo afecta a los cárteles, sino también a sectores económicos formales en México que, directa o indirectamente, se ven involucrados en el sistema de blanqueo de capitales.

El discurso de Trump también responde a una estrategia electoral que busca consolidar su base política al posicionar al narcotráfico y la migración como las principales amenazas a la seguridad nacional. Esto le permite desviar la atención de problemas internos, como el estancamiento económico, el déficit de liderazgo global y las tensiones derivadas de su propia política proteccionista. La narrativa del “enemigo externo” ha sido una constante en la política estadounidense, desde la Guerra Fría hasta la lucha contra el terrorismo islámico, y ahora encuentra en los cárteles un nuevo objetivo.

El reto para el gobierno mexicano será doble: por un lado, defender la soberanía nacional frente a la amenaza de una intervención militar y, por otro, mantener una relación comercial estable con un socio del que dependen gran parte de sus exportaciones. Además, deberá enfrentarse a las presiones internas de un sistema político que exige resultados contundentes en la lucha contra el crimen organizado, un problema que no se resolverá con declaraciones unilaterales, ni con discursos cargados de simbolismo.


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