El debate sobre la reforma al Poder Judicial de Jalisco es, en esencia, un pulso entre el ‘statu quo’ y la posibilidad de una transformación. Durante años, el sistema judicial ha arrastrado inercias que lo han convertido en una estructura pesada, burocrática y, en muchos casos, distante de la realidad de quienes buscan justicia. La lentitud en la resolución de los casos, la ineficiencia operativa y la subordinación a intereses políticos son elementos constantes en su funcionamiento. En ese contexto, la iniciativa de reforma al Poder Judicial representa una oportunidad, inédita, para oxigenar un poder que, hasta ahora, ha funcionado bajo lógicas de privilegio y con altos grados de dependencia hacia grupos de poder y partidos políticos.
El punto más disruptivo de la propuesta radica en la elección popular de jueces y magistrados. La posibilidad de que la ciudadanía decida quiénes impartirán justicia en Jalisco, rompe con el esquema de designaciones cupulares que, históricamente, han estado marcadas por la negociación política y el reparto de cuotas entre las élites. Esto, lejos de fortalecer la independencia judicial, ha convertido a la judicatura en un espacio de favores y lealtades que impiden su imparcialidad. La resistencia de ciertos sectores a esta reforma proviene, en gran medida, de quienes han encontrado en el Poder Judicial una extensión de su influencia, y que ahora ven amenazada su capacidad de maniobra en un órgano que debería ser, autónomo por definición.
La oxigenación del Poder Judicial no solo es una necesidad, sino un imperativo para que este deje de ser una estructura rígida y obsoleta. La renovación de sus integrantes, bajo un proceso de elección democrática, abre la puerta a la incorporación de nuevos perfiles con mayor compromiso institucional, y menos ataduras con las viejas prácticas que han perpetuado la opacidad y el compadrazgo. Es evidente que el actual modelo ha generado un sistema cerrado donde las oportunidades de ascenso están reservadas para quienes gozan del respaldo de grupos internos (no por méritos), lo que limita la llegada de profesionales con ideas frescas y con una visión más cercana a la ciudadanía.
El argumento de que la elección popular de jueces podría politizar la justicia es, en gran medida, una ironía. Hoy, los magistrados y jueces no llegan por méritos, sino por acuerdos políticos disfrazados de concursos de oposición. La diferencia es que, con la reforma, al menos será la ciudadanía quien tenga la última palabra y no un puñado de actores con intereses particulares. La clave estará en establecer filtros adecuados en la postulación de candidatos para evitar que perfiles sin la preparación necesaria o con vínculos clientelares, se apoderen del proceso. La creación de comités de evaluación con expertos reconocidos en la materia, es un paso en la dirección correcta, siempre que se garantice su independencia y objetividad.
Otro de los puntos cruciales de la reforma es la creación de un Tribunal Estatal de Disciplina Judicial, que sustituirá al obsoleto Consejo de la Judicatura, organismo que ha sido señalado reiteradamente por su falta de efectividad en la supervisión y sanción de jueces que han incurrido en irregularidades. Este nuevo órgano, si se diseña correctamente, podría ser un contrapeso real que garantice que quienes lleguen a la judicatura rindan cuentas y sean evaluados en función de su desempeño. No basta con abrir las puertas a nuevos perfiles; es imprescindible que exista un mecanismo de seguimiento riguroso para evitar que los viejos vicios, ¡se repliquen bajo nuevas formas!
El Poder Judicial de Jalisco ha sido un actor pasivo ante la crisis de confianza que enfrenta. Ha preferido el inmovilismo antes que la autocrítica, justificando su falta de modernización en la necesidad de “preservar su independencia”. La verdad es que su actual configuración ha servido más para proteger intereses, que para garantizar una justicia eficiente y equitativa. La propuesta de reforma no es perfecta, pero sí ofrece un punto de partida para replantear el papel de la judicatura en la entidad. Es una oportunidad para romper con la cultura de privilegios y convertir al Poder Judicial en una institución más cercana a la gente.