La desaparición de los OCA plantea riesgos serios si no hay alternativas suficientes para asumir sus funciones
La desaparición o reestructuración de los organismos constitucionalmente autónomos (OCA) en
México representa un tema profundamente complejo que trasciende el debate político, ubicándose en el núcleo del diseño institucional del país.
Si bien la crítica hacia estas estructuras no es nueva, y su eliminación no implica necesariamente la cancelación de los derechos fundamentales que tutelan, las implicaciones de esta decisión abarcan dimensiones técnicas, económicas y políticas que no pueden ser ignoradas.
Los organismos constitucionalmente autónomos fueron concebidos como parte de un modelo de ‘Estado regulador’, el cual está diseñado para garantizar la independencia técnica y operativa en áreas estratégicas.
Su existencia responde a la necesidad de separar ciertas funciones críticas de los poderes tradicionales del Estado, permitiendo una actuación especializada en temas como la regulación económica, la competencia justa, la transparencia y los derechos ciudadanos.
Sin embargo, su eliminación no significa que estas funciones desaparezcan, siempre que se establezcan mecanismos claros que aseguren la transparencia, la autonomía y la capacidad técnica necesarias para preservar sus beneficios.
Es importante subrayar que los derechos no dependen exclusivamente de las estructuras que los protegen, sino que están consagrados en la Constitución mexicana, así como en tratados internacionales, como el Tratado comercial
entre México, Estados Unidos y Canadá.
Esto implica que, aunque las atribuciones de los OCA sean absorbidas por otras instituciones, la clave radica en cómo estas nuevas entidades asumen estas responsabilidades.
No obstante, es verdad que existe la posibilidad de que la eliminación de los organismos autónomos se traduzca en una debilitación de los derechos si no se garantiza su operatividad y su independencia frente a los posibles intereses políticos.
Es cierto que la eliminación de los organismos constitucionalmente autónomos no supone de manera automática la cancelación de derechos fundamentales, pero plantea riesgos serios si no se diseñan alternativas institucionales con la capacidad, legitimidad y autonomía suficientes para asumir sus funciones.
Los derechos no se garantizan solamente con declaraciones legales, sino mediante la construcción de estructuras operativas eficaces y transparentes que aseguren su implementación.
En este sentido, la desaparición de los organismos constitucionalmente autónomos, podría ser una oportunidad para replantear y fortalecer los mecanismos de regulación y vigilancia.
Esto, en el entendido siempre de que el diseño de las nuevas instituciones sea sólido y la voluntad política para preservar la autonomía sea auténtica.
Sin estas garantías, la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión corre el riesgo de socavar los avances democráticos alcanzados y debilitar el Estado de derecho que actualmente existe en el país.
Es importante que recordemos que la ausencia de este tipo de organismos, en décadas pasadas, resultó en monopolios, corrupción y prácticas opacas que afectaron severamente el desarrollo de México.
POR GABRIEL TORRES ESPINOZA
PROFESOR E INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
@GABRIELTORRESES