La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer o reestructurar los organismos constitucionalmente autónomos (OCA) en México, provoca una intensa discusión, y fundadas preocupaciones. Resulta importante precisar que una reforma como la que refiere el presidente, infiere obligatoriamente modificar la Constitución, por lo que necesariamente requiere de una mayoría calificada en el Congreso y del voto mayoritario de la mitad más una de las legislaturas locales del país. Cosa compleja sin acuerdos con el resto de las fuerzas políticas. Esta tentativa del presidente incluye a entidades como el INAI, IFT, INE y la Cofece.
Es importante destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha enfatizado que los OCA’s surgen bajo la idea de “equilibrio constitucional” (CC 31/2006), donde se apartan de la organización estatal tradicional basada en los tres poderes clásicos y buscan distribuir funciones para hacer más eficaz el desarrollo de actividades encomendadas al Estado. Estos órganos están establecidos en la Constitución para garantizar su independencia orgánica y funcional en tanto su nivel especialización. ‘Mantienen relaciones de coordinación con otros órganos del Estado mexicano’, ‘poseen autonomía e independencia funcional’ y ‘atención a funciones primarias o esenciales del Estado que requieren ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad’ (AR 1100/2015).
La tesis de la Corte sostiene que México adoptó el modelo del Estado regulador al crear ciertos OCA’s (CC 117/2014), confiándoles la regulación de cuestiones especializadas y delimitadas basadas en disciplinas o racionalidades técnicas. Esto los hace ‘idóneos’ para producir criterios en contextos de diálogos técnicos, que pueden ser difíciles de alcanzar dentro de las inercias propias del proceso legislativo. Presupone, necesariamente, que los OCA’s realizan funciones que, ‘por su naturaleza prioritaria, requieren autonomía de los poderes constituidos del gobierno’.
La propuesta del presidente se fundamenta, casi exclusivamente, en la reducción de costos. Sin embargo, esta perspectiva no considera los beneficios tangibles que estos organismos constitucionalmente autónomos aportan en términos de transparencia, regulación y derechos humanos. La evaluación basada únicamente en términos de carga económica para el Estado ignora el valor intangible de las funciones que realizan con un alto nivel de especificidad, y la importancia de la independencia institucional para su correcta operación. La afirmación de que estos organismos “no sirven al pueblo”, parece contradecir el historial de proteger los derechos de los ciudadanos y mantener un equilibrio de poderes. Estos organismos han sido fundamentales en la supervisión y regulación de prácticas gubernamentales y empresariales (ambas), en la garantía de elecciones federales y locales cada vez más fiables, en las que el partido del presidente ha ganado 22 gubernaturas y la presidencia de la República.
Algunos OCA’s, como la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se encargan de regular y supervisar sectores clave de la economía y las comunicaciones. Esto asegura que suceda una competencia más justa y equitativa en los mercados, evita prácticas monopólicas o anticompetitivas que podrían ser favorecidas por intereses de los políticos desde la inercia propia de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Pero en efecto, no son infalibles; pero, funcionan mejor. Al no estar sujetos a la influencia directa de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, pueden decidir y realizar acciones basadas en criterios más técnicos y éticos, con más holgura de presiones políticas. Esta independencia es esencial para la capacidad de actuar como contrapesos efectivos dentro del Estado.
Su existencia y operación independiente son esenciales para garantizar la protección de derechos, la regulación efectiva, y la transparencia en la administración pública. Como contrapesos de los poderes constituidos, estos organismos no solo vigorizan el estado de derecho, sino que también fomentan una cultura de profesionalización y participación pública en temas específicos y técnicos del Estado.