La Reserva de la Biósfera de Manantlán, una joya natural de Jalisco, se encuentra en una encrucijada alarmante que refleja no solo la fragilidad de los ecosistemas ante la voracidad, sino también la inoperancia de las instituciones encargadas de proteger el patrimonio ambiental del estado. Este territorio, que se extiende entre Jalisco y Colima, es uno de los espacios con mayor biodiversidad del país, una riqueza invaluable que hoy se ve amenazada por la indiferencia, la corrupción y la violencia. El informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) es contundente, señala que ‘la impunidad es el eje que permite que la devastación continúe’.
El deterioro ambiental en Manantlán no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia directa de la permisividad institucional y la codicia económica. Los cuerpos de agua de la región, como los ríos Marabasco, Tuxcacuesco y Ayuquila, están severamente contaminados por residuos industriales y plaguicidas, lo que afecta no solo la vida silvestre, sino también la seguridad alimentaria y la salud de las comunidades locales. Las denuncias se acumulan: tala ilegal, minería descontrolada, cambios de uso de suelo presuntamente sin autorización. No obstante, los mecanismos de justicia parecen diseñados para fracasar. Los expedientes se archivan, las investigaciones quedan inconclusas y los agresores operan con impunidad.
Resulta indignante que, a pesar de la gravedad de la situación, las acciones para proteger este patrimonio natural sigan siendo insuficientes y reactivas. La Reserva de la Biósfera de Manantlán no es solo un espacio de conservación; es un bastión de identidad, un motor ecológico que regula el clima, sustenta la vida y es hogar de comunidades que han cuidado ese territorio por generaciones. Ignorar su deterioro es no solo una traición al presente, sino un atentado contra el futuro de Jalisco.
Las comunidades indígenas y ejidales, históricamente guardianas del territorio, enfrentan un desgaste constante ante la invasión de actividades extractivistas que fragmentan su identidad y destruyen su entorno. Mientras los intereses económicos prevalezcan sobre los derechos colectivos y la justicia ambiental, Manantlán seguirá siendo testigo de un ecocidio silencioso, disfrazado de desarrollo.
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