El reconocimiento del gobernador Pablo Lemus de que durante años se privilegió el abasto por encima de la potabilización, constituye una confesión de enorme calado. Significa aceptar que el éxito de abrir la llave siempre estuvo por encima de garantizar que el agua fuera segura para el consumo humano. No es un error menor. Es admitir que la política pública confundió cantidad con calidad.
Sin embargo, esa autocrítica perdió fuerza cuando inmediatamente derivó en un enfrentamiento con la Federación por la falta de recursos. La respuesta presidencial fue igualmente política. Claudia Sheinbaum pidió que las diferencias se resolvieran mediante comunicación institucional y recordó las inversiones federales realizadas en El Zapotillo, el saneamiento del río Santiago y los recursos destinados a municipios. Después vino la precisión de Conagua. No existen fondos extraordinarios porque el presupuesto ya fue aprobado.
La discusión pública se encuentra atrapada en una lógica de confrontación. Movimiento Ciudadano acusa abandono federal. Morena responsabiliza al gobierno estatal por décadas de omisiones. El PAN rechaza nuevos órganos de decisión. Los municipios exigen recursos. Todos tienen argumentos. Nadie parece asumir plenamente la responsabilidad.
Paradójicamente, el propio gobierno estatal reasignó mil millones de pesos de la Comisión Estatal del Agua para fortalecer financieramente al SIAPA, decisión que obligó a detener 65 obras en 45 municipios. Es decir, mientras se reclama solidaridad presupuestal desde la Federación, se sacrifican proyectos que también garantizaban agua potable, drenaje y saneamiento para miles de personas en el interior del estado. La política vuelve a imponerse sobre la planeación.
El caso del SIAPA tampoco resiste demasiadas explicaciones. Su cartera vencida supera los 20 mil millones de pesos y entre los principales deudores aparecen precisamente los municipios que forman parte de su Junta de Gobierno. Quienes toman las decisiones son también quienes adeudan parte importante de los recursos que deberían fortalecer al organismo. Difícil imaginar una contradicción institucional mayor.
Lo más preocupante es que la discusión continúa girando exclusivamente alrededor del dinero, cuando los especialistas advierten que el verdadero problema es mucho más profundo. Redes obsoletas, plantas potabilizadoras deterioradas, tanques sin mantenimiento, infraestructura envejecida y una gestión institucional incapaz de responder con oportunidad. Arturo Gleason ha insistido en que ningún presupuesto será suficiente mientras no exista un diagnóstico técnico independiente que determine dónde están realmente las fallas y cuáles deben ser las prioridades. Su propuesta de crear un comité integrado por especialistas, académicos y sociedad civil merece mucha más atención que cualquier conferencia partidista.
En marzo de este año, Naciones Unidas recordó algo que en México parece olvidarse con demasiada frecuencia. El acceso al agua potable y al saneamiento constituye un derecho humano, no un instrumento de negociación política. Los gobiernos tienen la obligación de garantizar servicios accesibles, asequibles y de calidad, con transparencia, participación ciudadana y prioridad para las poblaciones más vulnerables. El Acuerdo de Escazú, del cual México forma parte, obliga además a incorporar a la sociedad en las decisiones ambientales.
Todo ello contrasta con una realidad donde la calidad del agua se convierte en bandera electoral, los recursos públicos en motivo de disputa partidista y los ciudadanos en espectadores de una confrontación permanente.
El agua no distingue colores partidistas cuando llega contaminada. Tampoco pregunta qué gobierno construyó una presa o quién autorizó un presupuesto. La responsabilidad es compartida y el fracaso también.
La verdadera emergencia no consiste únicamente en potabilizar el agua. Consiste en despolitizarla. Mientras siga utilizándose como arma de confrontación, ningún acueducto, ninguna presa y ningún presupuesto alcanzarán para restaurar la confianza en un buen servicio. Porque cuando el derecho al agua termina secuestrado por la política, la sed deja de ser únicamente física y se convierte también en una profunda crisis de gobierno.
https://www.milenio.com/opinion/gabriel-torres-espinoza/con-pies-de-plomo/el-agua-y-la-sed-del-poder