El 24 de junio de 2013, La Jornada detalló el origen del megafraude a la ciudad de Guadalajara: “El 10 de julio de 2008, en la gaceta municipal tapatía se publicó el decreto D54/17/08 que aprobaba la edificación de Puerta Guadalajara, un proyecto valuado entonces en 65 millones 534 mil dólares que se edificarían en un predio de 136.495 hectáreas ubicado en el cruce del Periférico Norte y la Calzada Independencia y sería llevado a cabo por la compañía de capital español Mecano América S.A. de C.V.”. El dato importante es que la valuación del terreno fue en dólares, que en ¡2008! se traducían en 688 millones de pesos. Pero como se trataba de una estafa, se pagarían los 65 millones 534 mil dólares, con obras, es decir, en especie. Obras, of course, infladas a sobre precio y recibidas por el Ayuntamiento, haciéndose de la ‘vista gorda’.
La primera fecha límite de conclusión y entrega de las obras fue en 2012. NO pagaron un solo centavo. Después de violar todos los términos del fideicomiso, la autoridad cómplice del Ayuntamiento consintió que en febrero de 2012 Grupo Mecano se asociara con nuevos desarrolladores y constituyera una nueva sociedad anónima con Operadora Salamanca, sin el consentimiento expreso y por escrito del Ayuntamiento, como puntualmente lo exigía el Convenio. El gobierno no objetó nada. El 26 de agosto de 2016, el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara aprobó el “Decreto que aprueba una cesión de derechos fideicomisarios, la suscripción de convenios modificatorios al convenio de asociación, así como al contrato de fideicomiso, derivados del decreto municipal d 54/17/08; con la finalidad de llevar a cabo el proyecto denominado ‘Fondo Iconia’”; qué es exactamente el mismo fraude.
El 24 de noviembre de 2017, Operadora Hotelera Salamanca, empresa a cargo del desarrollo de Iconia, cedió los derechos sobre poco más de 57 mil metros cuadrados, que tendrían un fin comercial, a otra empresa, Hoteles Riviera Deluxe, por un total de 500 millones de pesos. Al igual que sucedió en gobiernos anteriores, esta transacción se realizó pese a que aún no había cumplido con las obras pactadas.
El gobierno tapatío pudo aplicar en diversas ocasiones la sanción establecida en la Cláusula Décimo Tercera, del Convenio Marco de Asociación, por mora en la entrega de las obras sociales que se darían como contraprestación a Guadalajara, y deliberadamente no lo hizo ¿A cambio de qué? Desde el 1 de enero de 2014 el Ayuntamiento pudo ejercer la prerrogativa dispuesta en la Cláusula Décimo Cuarta del Convenio, referente a la penalización de 688 millones de pesos por incumplimiento total de las obras pactadas. Pero decidieron NO actuar. A la fecha son mil 323 millones, 131 mil 460 pesos los que tendrían que pagar por el predio (al tipo de cambio actual del dólar) y no la mitad que el Ayuntamiento pretende aceptar, además ¡en especie! En este momento, el megafraude contra la ciudad de Guadalajara es, por al menos, ¡mil cien millones de pesos! En el Ayuntamiento tapatío han ocurrido tres alternancias, pero la complicidad es la misma de todas las autoridades que pasaron por ahí. Aristóteles, Ramiro Hernández y Alfaro, se comprometieron en campaña a recuperar el predio para la ciudad. Todos incumplieron su promesa. Y ¿Lemus? _
https://www.milenio.com/opinion/gabriel-torres-espinoza/con-pies-de-plomo/el-fraude-de-los-mil-millones