La violencia y el crimen organizado se han convertido en una de las mayores amenazas para la estabilidad de los gobiernos. Al estilo Jalisco, somos la entidad número uno en desaparecidos. De acuerdo con el BID, entre el 20% y el 50% de los hogares perciben al crimen organizado como el principal riesgo para su seguridad. Aunque los costos directos del crimen en el país están en línea con el promedio regional, que fue de 3.44% del PIB en 2022, sus efectos indirectos, como la pérdida de inversión, el aumento de la migración y la ruptura del tejido social, son más difíciles de cuantificar, pero igualmente devastadores.
Las empresas, particularmente las pequeñas y medianas, se ven obligadas a destinar una parte considerable de sus ingresos a medidas de seguridad privada, lo que limita su capacidad de inversión y crecimiento. A la par, la percepción de inseguridad entre los ciudadanos ha aumentado significativamente, debilitando la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública. Solo el 51% de los mexicanos confía en la policía, un dato que evidencia la grave crisis institucional que acompaña a la violencia.
La inseguridad ha incentivado la migración interna y externa, particularmente en regiones del norte y el sur, donde el crimen organizado tiene mayor presencia. Sin embargo, el BID señala que, en algunos casos, los altos niveles de violencia también dificultan el tránsito seguro, atrapando a las comunidades en un círculo vicioso de inseguridad y falta de oportunidades.
La violencia tiene efectos negativos sobre la productividad empresarial. Estudios recientes han demostrado que las empresas en contextos de inseguridad operan con una productividad entre un 10% y un 35% menor, lo que frena el crecimiento económico, desincentiva la inversión extranjera y reduce la creación de empleo: https://publications.iadb.org/es/los-costos-del-crimen-y-la-violencia-ampliacion-y-actualizacion-de-las-estimaciones-para-america
Estos efectos no solo afectan a las empresas de manera directa, sino que también debilitan la capacidad para generar oportunidades laborales y combatir la pobreza estructural. Este fenómeno no solo cobra vidas, sino que también genera un costo económico significativo, que obstaculiza el desarrollo sostenible y agrava las desigualdades.
https://www.milenio.com/opinion/gabriel-torres-espinoza/con-pies-de-plomo/el-impacto-economico-de-vivir-con-miedo