Mural reportó ayer que Juan Manuel Portal, Auditor Superior de la Federación -ASF-, acusa en 2015, «anomalías al erario en los estados de 31 mil 745 millones de pesos». En total, se firmaron observaciones por 165 mil millones de pesos al gasto de las dependencias federales, en conjunto con estados y municipios, en este ejercicio (2015). De acuerdo a los datos señalados por el Auditor Superior, de 2011 a 2015, suman ya 216 mil 456 millones de pesos observados a las entidades federativas y a la Ciudad de México, que no han podido ser solventados. Si consideramos que son 260 mil millones de pesos lo que pretende captar el gobierno por el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) en el precio de la gasolina, el daño cometido al país –que fue detectado sólo por la ASF- representa hoy el 83% del total de lo que se obtiene del impuesto a la gasolina.
Además, la ASF acumula, desde 2011, 695 denuncias ante el Ministerio Público federal, como parte de las revisiones efectuadas. Sobre las denuncias que deberán presentarse por la revisión de la cuenta 2015, el Auditor anunció ayer que habrán de ocurrir en fecha próxima. Considérese, además, que se auditaron sólo del Poder Ejecutivo, apenas 123 de las 305 entidades a fiscalizar (un 40.3%). Imaginemos la cantidad de dinero fiscal observado que resultaría detrás del otro 59.7% de entidades que no se logra auditar.
Sobre la «afectación al erario», el Informe dice que ésta puede manifestarse como: «desvío de recursos; desperdicio por bienes adquiridos no utilizados (subutilización); pagos en exceso, o aquellos que se realizan sin que se acredite la entrega de bienes o prestación de servicios; otorgamiento de apoyos a quienes no cumplen con los requisitos para ser considerados beneficiarios de algún programa; recursos no reintegrados a la Tesorería Federal (TESOFE); distintas prácticas que dan como resultado que el Estado deje de percibir algún tipo de ingreso -como la comercialización de productos a costos menores a los de su producción o la deficiencia en el cobro de derechos-«. Todo esto afecta al ‘cochinito’ (presupuesto público) que tenemos los mexicanos para nuestro propio desarrollo, a través del pago de impuestos.
Frente a la evidencia irrefutable del descontrol en el uso del presupuesto público, viene bien considerar que, según el Instituto Mexicano para la Competitividad, sólo el 2 por ciento de las averiguaciones previas, por delitos cometidos por servidores públicos, terminan en ingresos a la cárcel. De esta forma, este es el delito con la menor efectividad en cuanto a procuración e impartición de justicia. Dicho de manera sencilla, la violación menos castigada es la relativa a la corrupción de los funcionarios públicos. De qué sirven entonces los cientos de contralorías, auditorías y órganos de fiscalización en México, si menos del 2 por ciento de las denuncias que se presentan por irregularidades, producto de las revisiones aleatorias que logran realizarse, terminan en algún tipo de castigo. El Estado mexicano no puede evitar que se cometan delitos y que existan funcionarios corruptos. Lo que sí puede –y está obligado a hacer– es que los delitos reciban un ejemplar castigo, y justo como los gobiernos –Federal, Estatal y los municipales– están empeñados en proteger a funcionarios enriquecidos, visiblemente corruptos, es que en vez de combatir, se alienta una y otra vez la corrupción. Básicamente porque en un 98% de los casos, la corrupción queda insultantemente impune.
Mientras que la corrupción corresponde a la acción de un funcionario corrupto y un particular corruptor [corrupto y corruptor], la impunidad que existe y crece en el país, es responsabilidad exclusiva de los gobiernos, que en vez de castigar, la solapan. Así las cosas, la impunidad resulta ser más nociva que la corrupción, ya que corrompe el castigo mismo que debiera imponerse al trasgresor de la ley. Ejemplos sobran: Vega Pámanes, los magistrados suertudos del TAE, los diputados involucrados en el «robo al pueblo» en el Congreso, Emilio González y los 7 mil 500 millones de pesos ejercidos irregularmente, sólo en 2012, el fraude entre Ipejal- Rasaland-Chalacatepec, el atraco en Iconia, el fraude inmenso en los Juegos Panamericanos, etc.