La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró más de un millón 843 mil medicamentos falsificados en nueve domicilios del Área Metropolitana de Guadalajara. Esta operación, realizada con apoyo de la Sedena, la Guardia Nacional y autoridades locales, dejó al descubierto un negocio ilegal que prospera en el país desde hace décadas, sin que las autoridades hayan logrado erradicarlo.
El caso no es aislado. Apenas en septiembre, la Marina detuvo al líder de una célula criminal dedicada a la venta de medicamentos piratas, incluidos oncológicos y controlados, que en el mercado ilegal alcanzan un valor de 10 millones de pesos. En Jocotepec, a finales de este año, la FGR desmanteló una fábrica clandestina donde se elaboraban medicinas apócrifas como metformina y tempra. Y en el barrio de El Santuario, señalado desde hace 25 años como el principal punto de venta de fármacos robados o caducos, el comercio continúa casi sin restricciones, pese a los operativos ocasionales de las autoridades.
¿Por qué persiste este problema? Por un lado, la pobreza y el desabasto de medicamentos en el sector salud empujan a miles de personas a buscar alternativas en mercados irregulares.
Según Coneval, en 2022, el número de personas sin acceso a servicios de salud aumentó en 30 millones, mientras que el Colectivo Cero Desabasto reporta que en 2023 no se surtieron más de 7.5 millones de recetas en los sistemas de salud pública.
Esto deja a los pacientes sin otra opción que adquirir medicinas en farmacias irregulares o directamente en las calles, sin reparar en los riesgos para su salud.
Sin embargo, el problema no radica solo en la demanda. La existencia de fábricas clandestinas y redes de distribución bien organizadas apunta a la complicidad de las autoridades y a fallas estructurales en la regulación del mercado farmacéutico. ¿Cómo es posible que etiquetas falsificadas con sellos de autenticidad, cajas con logotipos de laboratorios reconocidos y sustancias controladas circulen libremente sin que haya controles efectivos?
La falta de vigilancia en la distribución de medicamentos, combinada con el alto costo de las medicinas en el mercado legal, ha convertido a México en un paraíso para el comercio ilícito.
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