Recientemente se publicó el “Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción” (CCC) 2023, elaborado por Americas Society/Council of the Americas y la empresa Control Risks. Se trata de uno de los estudios que es empleado como mecanismo de consulta para el análisis de riesgo en la toma de decisiones, especialmente de inversión. El “Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción” registra 14 variables, con una escala del cero al 10, que contempla tres grandes categorías: 1) Capacidad Legal; 2) Democracia e instituciones Políticas y 3) Sociedad Civil y Medios de Comunicación.
Los índices sobre corrupción son herramientas utilizadas para medir y evaluar el nivel de corrupción o combate a esta, percibido en diferentes países o regiones. Estos índices se basan en encuestas y evaluaciones realizadas a expertos, empresarios y ciudadanos, quienes expresan su opinión sobre la prevalencia de la corrupción en diversos sectores y la eficacia de las medidas anticorrupción.
Destaca que el país con la puntuación más alta en el Índice CCC 2023, es Uruguay, con un puntaje de 6.99 sobre 10, seguido por Costa Rica (6.76), Chile (6.67), Perú (5.53), República Dominicana (5.42), Panamá (5.39), Argentina (5.07), Brasil (4.83), Colombia (4.78), Ecuador (4.68), Paraguay (4.61), ¡México! (3.87), Guatemala (2.86), Bolivia (2.56) y Venezuela (1.46). México cae a los últimos cuatro lugares en el estudio. Como se destaca, “México y Guatemala son los únicos dos países cuyas puntuaciones generales han disminuido cada año desde que se publicó el Índice en 2019”. Como lo destacó el diario Reforma el pasado martes, “la capacidad de México para combatir la corrupción va a la baja”… “Sólo Guatemala, Bolivia y Venezuela estarían debajo de México”.
Con 3.87 puntos en la calificación general, (3.56 puntos en capacidad legal, 3.62 puntos en democracia e instituciones políticas, y 5.62 puntos en sociedad civil y medios de comunicación), México continuó su tendencia a la baja por cuarto año consecutivo, al situarse en la posición número 12. Especialmente llama la atención el hallazgo que concluye que “México se encuentra rezagado respecto al promedio regional en la categoría de capacidad legal y sufrió un retroceso del 14% año tras año en la variable que evalúa a las agencias anticorrupción”. “A pesar de un aumento en el presupuesto para las instituciones anticorrupción bajo el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para 2023, el programa continúa enfrentando desafíos en su implementación”.
De forma que, este estudio deja manifiesto el fracaso chusco de esos ‘sistemas anticorrupción’, estructuralmente mal diseñados, operativamente muy complejos, pero costosos. Aportan resultados pírricos, para la simulación, que solo son celebrados por los beneficiarios directos de esas nóminas que no acreditan avances sustantivos: “Las deficiencias institucionales (ojo) de México en la lucha contra la corrupción continúan obstaculizando la resolución de los casos de corrupción”, concluye este estudio.
De acuerdo con Transparencia Internacional, México es considerado con altos niveles de corrupción con una puntuación de 31, en una escala donde 0 es altamente corrupto y 100 es sin corrupción. Nuestro país se localiza en el lugar 126 de 180. No obstante, como lo advierte el CCC, “la corrupción sigue siendo un desafío importante en toda América Latina, con casi el 70% de los encuestados en el índice de expertos líderes en anticorrupción coincidiendo en que es una “preocupación principal para la mayoría de las personas en su país”.
Todo indica que entre más burocracia para el ‘combate a la corrupción’, paradójicamente, más avanza ésta en México. Los ‘sistemas’ muestran ser, si acaso, un instrumento ornamental para embellecer presídiums, decorar discursos oficialistas y ‘pagar’ la cuota de ‘nómina pública’ para los ‘versados’ en simular que se hace, lo que en realidad se alienta. Son un espacio de confort, lugar para el mimetismo, la apariencia y el autoengaño.
La burocratización del combate a la corrupción ocasiona delicadas consecuencias para la democracia y la sociedad en su conjunto. Debilita la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Además, contribuye a normalizar una práctica generalizada y cada vez más tolerada.
https://www.milenio.com/opinion/gabriel-torres-espinoza/con-pies-de-plomo/el-mimetismo-la-apariencia-y-el-autoengano