La zona norte de Jalisco ha sido, históricamente, una región marginada y olvidada por la inversión pública y la autoridad del gobierno. En los últimos años, esta área ha dejado de ser una tierra distante y silente, para convertirse en el epicentro de una crisis de seguridad que expone a sus habitantes a la violencia, el despojo y la amenaza constante del crimen organizado. Particularmente a la comunidad wixárika y a la comunidad universitaria.
El rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva, reconoció la gravedad de la situación al señalar que, por primera vez en la historia de la universidad, vehículos con el logotipo de la institución han sido robados en esta zona. Esto es alarmante, ya que, hasta hace poco, los vehículos universitarios eran respetados por su misión educativa y su compromiso con las comunidades.
Desde 2014, al menos 27 estudiantes y trabajadores universitarios han desaparecido, un número que crece junto con la incertidumbre y el temor. Para la universidad, está claro que muchos de estos desaparecidos son víctimas del reclutamiento forzado por parte del crimen organizado, una realidad que ha erosionado el tejido social de la región y que refleja un problema estructural profundamente arraigado.
No es casualidad que estos actos de violencia coincidan con la lucha de los pueblos originarios por la restitución de sus tierras y su negativa a ser desplazados. La comunidad wixárika no solo enfrenta al crimen organizado, sino también la omisión del gobierno, que ha sido incapaz de garantizar su tierra. La tragedia de la zona norte de Jalisco es el resultado de una confluencia de factores: la desatención histórica de los gobiernos, la expansión del crimen organizado y la falta de una estrategia efectiva que involucre tanto a las autoridades locales como federales.
Tanto la comunidad wixárika, como la universitaria en el Norte, viven en un limbo. Atrapados entre la desidia y la violencia, mientras los criminales se erigen como nuevos señores feudales en cada vez más territorios, con el temor fundado de ser las siguientes víctimas. El crimen ha impuesto una ley no escrita en la región del Norte de Jalisco, donde la violencia no solo afecta a los transeúntes, sino especialmente a sus habitantes.
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