Las diferencias respecto de la autonomía de la Universidad de Guadalajara, para ejercer su presupuesto, bajo las directrices del Consejo General Universitario, no son nuevas, pero adquieren una nueva dimensión cada vez que se repite el mismo patrón: el intento por intervenir en qué se debe gastar el presupuesto universitario, cuando esa potestad corresponde, exclusivamente, a la propia Universidad.
En este episodio, se propone que algunos de los recursos destinados al fondo de infraestructura educativa sean reorientados para atender la estrategia de seguridad pública, que es responsabilidad por ley del gobierno. Una causa, sin duda, socialmente relevante. Pero también, legalmente, ajena al ámbito de competencia de la Universidad. La propuesta parece de sentido común, casi anecdótica en términos presupuestales. Pero su alcance simbólico y jurídico es profundo. Porque lo que se discute, en realidad, no es un monto específico, sino un principio, la autonomía universitaria para decidir el destino de sus propios recursos, con base en sus prioridades de infraestructura universitaria.
Este no es un hecho aislado. En su momento, otro gobierno dispuso de los recursos etiquetados por el Congreso para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales, y los usó para un hospital. Naturalmente, desencadenó múltiples protestas. La lógica fue la misma, despojar a la Universidad de una parte de su presupuesto para financiar una política pública del Ejecutivo. Hoy, se recurre al mismo expediente, aunque con otra causa. El patrón es claro. Usar causas socialmente relevantes como subterfugio para avanzar en una agenda de injerencia presupuestal sobre la Universidad.
No se trata de discutir si un hospital o una propuesta de seguridad son necesarias. Por supuesto que lo son. El problema es que esas tareas son responsabilidad del Estado, a través de los gobiernos, no de la Universidad. La Universidad no puede ni debe convertirse en una bolsa complementaria para solventar las omisiones, salvedades o prioridades que corresponden al gobierno. Hacerlo sería vulnerar su autonomía financiera.
La tentativa por condicionar el uso de recursos universitarios a objetivos ajenos a su misión institucional, sentaría un precedente. Si hoy se cede en nombre de la seguridad, mañana podría hacerse en nombre de cualquier otra urgencia. La Universidad dejaría de ser una institución autónoma para convertirse en una dependencia más del aparato estatal, subordinada a la lógica de la coyuntura gubernamental.
Y ahí radica el verdadero fondo del asunto. No es un problema técnico, sino jurídico. No es un diferendo presupuestal, sino una disputa por la autonomía. La Universidad de Guadalajara, como cualquier institución de educación superior pública del país, tiene la libertad y la capacidad para definir su propio proyecto de desarrollo, con visión de largo plazo, sin interferencias externas, ni imposiciones presupuestales disfrazadas de colaboración.
La autonomía universitaria no se negocia, no se comparte y, mucho menos, se supedita. Se ejerce. Porque es la garantía de que la Universidad sea un espacio para el pensamiento crítico, la investigación científica, de formación profesional y de divulgación de la cultura. Libre de las presiones y conveniencias de los gobiernos emanados de cualquier signo político.
En tiempos donde se disfraza la coacción de cooperación, y la subordinación de corresponsabilidad, conviene no perder de vista los límites. Y uno de ellos, irrenunciable, es el derecho de la Universidad a decidir sobre su presupuesto, sin tutelas ni condicionamientos.
No se trata de una negativa caprichosa o de una postura intransigente del consejo de rectoras y rectores, sino de preservar la esencia misma de la universidad pública. Porque cuando se erosiona, lo que se pierde no es un recurso, sino la autodeterminación de la institución.
Lo que tal vez motiva estas divergencias, no es una cantidad de recursos, ni siquiera el propósito con el que se busca ‘redirigirlos’. Lo que estaría en riesgo es el principio de autonomía universitaria y la pretensión de intervenir, de manera cada vez más abierta, en el ejercicio de recursos que corresponde decidir, por ley y por autonomía, a los órganos de gobierno de la Universidad de Guadalajara.
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