El primer desafuero de un gobernador

El viernes pasado, la Fiscalía General de la República (FGR), solicitó a la Cámara de Diputados desaforar al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Las denuncias en su contra lo vienen acompañado desde hace varios años. Se le acusa de un enriquecimiento inexplicable, que asciende a poco más de mil millones de pesos, consistente en galerías de arte, empresas, ranchos, residencias y restaurantes.

Aunque también debe decirse que no es la primera vez que la Federación intenta separar del cargo a García Cabeza de Vaca. En septiembre de 2019, Morena tramitó ante el Senado la desaparición de poderes en el estado de Tamaulipas que, sin embargo, no prosperó. Lo que es un hecho, es que el sábado pasado, la Sección Instructora (SI) de la Cámara de Diputados -el órgano específico de acusación de la Cámara Baja- aprobó por unanimidad iniciar el proceso de desafuero. Actualmente, la SI está conformada por cuatro diputados: dos de Morena, uno del PT y uno del PRI. De forma que, a partir de ese día, el gobernador tamaulipeco tendrá 60 días para que se desahoguen las respectivas pruebas y alegatos, a efectos de que la Cámara de Diputados finalmente dictamine si ha lugar a proceder con el desafuero, requiriendo tan sólo de mayoría absoluta para ello -de sobra tienen los diputados necesarios para respaldar la medida-.

Toda vez que se trata de una autoridad estatal, el dictamen de desafuero se comunica a la Legislatura Local “para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda” (art. 111: CPEUM). Pero la Constitución Federal no es clara en un punto medular: es decir, si el dictamen de la Cámara de Diputados, respecto del desafuero, es vinculante para la Legislatura Local. Desde luego, si el Congreso de Tamaulipas, rechaza el desafuero del gobernador -lo que se antoja previsible toda vez que el PAN tiene mayoría en esta Legislatura-, la FGR podría interponer una controversia constitucional. De manera que no será nada sencillo el proceso.

Lo importante del caso es que esta sería la primera ocasión en que un gobernador sería separado del cargo, por la vía procesal del desafuero. En los tiempos del PRI hegemónico, la figura predilecta de control político de la Federación sobre los gobernadores fue la desaparición de poderes en una entidad: el PRI destituyó así a 48 gobernadores hasta 1975 -último año en que se utilizó-. A la postre, el control del presidente fue político y metaconstitucional: p. ej. Salinas depuso a 17 gobernadores; y Zedillo a seis. Fox y Calderón, fomentaron los gobernadores virreinales, sin ninguna sanción -política ni penal-. Peña Nieto hizo renunciar a dos: Fausto Vallejo y Ángel Aguirre.

Resulta plausible que la Federación retome sanciones a gobernadores con claras señales de actividades ilícitas. Ahí también se encuentran ejemplos de concentración del poder y corrupción impune. De forma que resultó un acierto que los gobernadores Javier Corral y Enrique Alfaro hayan desistido, en el seno de la Alianza Federalista, del ‘espaldarazo’ injustificado al gobernador de Tamaulipas, que documenta un oscuro historial.

@gabriel_torrese