Los patrones documentados evidencian la responsabilidad de los gobiernos en la ejecución, permisividad y encubrimiento de estos crímenes
La desaparición forzada en Jalisco representa una crisis profunda y persistente, marcada por la participación directa o indirecta de servidores públicos en la privación de la libertad de las víctimas, seguida de la negativa a reconocer los hechos o proporcionar información sobre su paradero. Este delito, de carácter continuo, se sigue consumando mientras no se esclarezca la suerte de la persona desaparecida, afectando no solo a las víctimas directas, sino también a sus familias y a quienes participan en su búsqueda. Así lo detalla el informe “Desaparición forzada en Jalisco. Más que casos, el motor de su crisis de personas desaparecidas”.
En Jalisco, se ha documentado la implicación de servidores públicos en un número significativo de desapariciones. Según la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (Cobupej) y la Fiscalía Especial, se han registrado al menos 4,354 denuncias por desaparición forzada. Un análisis de 160 casos (presentado en el informe) revela que más de la mitad de estas desapariciones son atribuibles a policías municipales, con 85 casos, seguidos por 47 en los que se identificó la participación de elementos de la Fiscalía estatal.
Las formas en que se ejecutan estos crímenes varían, desde detenciones arbitrarias, operativos con irrupciones violentas en domicilios, hasta la entrega indirecta de las víctimas tras haber sido puestas en libertad bajo condiciones que facilitaron su captura posterior. En el 75% de los casos, la desaparición involucró a una o dos víctimas, con un rango de edad promedio de 33.6 años y una marcada mayoría de hombres, ya que solo dos mujeres fueron identificadas entre las víctimas.
El informe nacional sobre desapariciones destaca que Jalisco se mantiene como una de las entidades con mayor número de casos de personas desaparecidas en el país, junto con Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León. Estos cinco estados concentran casi la mitad de las desapariciones a nivel nacional. La cifra de personas desaparecidas en México superó las 100 mil en 2022, lo que organismos internacionales, como el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, han descrito como una práctica generalizada y sistemática, ligada a la colusión de las autoridades con el crimen organizado.
La magnitud del problema no se limita a una deficiencia operativa, sino a un sistema donde la corrupción, el miedo y la impunidad facilitan la desaparición forzada como una práctica rutinaria. Jalisco cuenta con más de 16 mil personas desaparecidas, de las cuales dos terceras partes se concentran en los últimos seis años. La constante es la misma: desapariciones en entornos urbanos, a plena luz del día y con una clara participación de agentes estatales, municipales y, en algunos casos, federales.
En Jalisco, la situación no solo es estructural, sino sistémica. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) ha señalado que estos crímenes ocurren en entornos urbanos densamente poblados, a plena luz del día, lo que supone la participación o tolerancia de servidores públicos. La corrupción, la impunidad y el miedo son los motores de esta violencia, como también lo evidenció el Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara, al documentar casos donde las víctimas desaparecen tras ser detenidas por elementos de seguridad o retenes.
El contexto actual obliga a cuestionar los discursos oficiales que atribuyen las desapariciones a conflictos del crimen organizado o supuestas ausencias voluntarias. Los patrones documentados evidencian la responsabilidad de los gobiernos en la ejecución, permisividad y encubrimiento de estos crímenes. La crisis de desapariciones en Jalisco, lejos de ser un conjunto de casos aislados, evidencia un mecanismo rutinario de violencia sistemática, que exige acciones contundentes, reformas profundas en los cuerpos de seguridad y justicia, y la erradicación de la impunidad que perpetúa el sufrimiento de miles de familias