El Índice de Paz México 2025, presentado por el Instituto para la Economía y la Paz, ubica a Jalisco en la posición 14 entre las 32 entidades federativas del país. Tres posiciones por encima respecto al año anterior. Una lectura rápida de esta estadística podría prestarse a una celebración apresurada. Pero los datos, como la paz, también tienen matices. Y cuando se les escudriña más allá de los titulares, revelan una verdad menos alentadora. La mejora relativa de Jalisco no significa, necesariamente, que seamos hoy un estado más seguro, sino que otros se han deteriorado aún más.

Es innegable que ha habido avances en algunos rubros. Se reporta una reducción en homicidios dolosos, delitos con violencia y robos. Sin embargo, el costo económico de la violencia en Jalisco en 2024 ascendió a 271 mil millones de pesos, el equivalente a 31,048 pesos por habitante. Más que el salario mensual promedio en la entidad. Este dato, por sí solo, debería ser suficiente para cuestionar cualquier discurso triunfalista.

Jalisco también encabeza una de las estadísticas más dolorosas del país: es la entidad con el mayor número de personas desaparecidas que no han sido localizadas. De las 21,982 personas reportadas como desaparecidas, apenas el 40% ha sido localizada, y de éstas, el 5.9% sin vida. Además, un tercio de los cuerpos exhumados de fosas clandestinas en todo el país han sido encontrados en nuestro estado. Esto no es una coincidencia, es una señal inequívoca del arraigo y operación impune de grupos criminales en la región.

Dos municipios jaliscienses —Tlaquepaque y Tlajomulco— se encuentran entre los 30 con las tasas más altas de homicidios a nivel nacional, con cifras de 49.1 y 45.5 por cada 100 mil habitantes, respectivamente. Mientras tanto, Tepatitlán figura entre los municipios más seguros, con apenas 3.98 homicidios por cada 100 mil habitantes. Esta disparidad territorial también exige una reflexión más profunda; la violencia no sólo se ha vuelto estructural, sino también geográficamente desigual.

Jalisco, como el país entero, está atrapado en una paradoja, disminuyen algunos delitos, pero crecen otros de mayor gravedad; mejora el ranking nacional, pero se profundiza el impacto económico y social de la violencia.


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