Lo que ocurre en el aeropuerto de Guadalajara no es un pleito menor entre taxistas, choferes de aplicación y autoridades. Es una radiografía del modelo de movilidad que se ha tolerado en Jalisco. Uno opaco, arbitrario y desigual para los usuarios. La Secretaría de Transporte presume un padrón de Empresas de Redes de Transporte, pero ese padrón no aparece en su portal. No estamos ante una simple omisión administrativa; estamos frente a una autoridad que exige obediencia sin ofrecer información verificable.
Pero la pregunta central es otra: ¿por qué tanta gente insiste en usar plataformas, aun con restricciones, multas, caminatas absurdas y hostigamiento institucional? La respuesta es sencilla: porque, frente al taxi tradicional en Guadalajara, las plataformas suelen representar una opción más predecible, más accesible y menos abusiva en el costo. El dato del 26 de marzo, cuando jugaron Nueva Caledonia y Jamaica, es revelador. Mientras los taxis del aeropuerto cobraban 750 pesos para ir al Estadio Akron, un viaje por Uber costaba 330. La diferencia no es marginal; retrata un mercado capturado por los abusos, donde el usuario paga no por un mejor servicio, sino por la falta de competencia efectiva.
Por eso resulta tan endeble la salida que hoy se vende como modernización, que es enviar a los pasajeros de plataforma a un estacionamiento remoto con apenas 57 espacios. Si en horas pico hay una afluencia de 2 mil 100 pasajeros y entre 800 y 900 por hora optan por plataformas, ese dispositivo nace rebasado. Los “camioncitos” que trasladarán usuarios a ese punto serán insuficientes. La medida no resuelve la demanda; la castiga. Le agrega tiempo e incertidumbre al usuario que ya eligió un medio de transporte por razones de precio o comodidad. Mientras tanto, el Grupo Aeroportuario del Pacífico informa que cuenta con 700 taxis autorizados, un servicio de “shuttle” a cuatro puntos fijos del AMG y un estacionamiento con 6 mil cajones. La infraestructura amplia sí existe, pero la apertura competitiva no.
Lo más grave es que esta desigualdad operativa se sostiene con un aparato punitivo desproporcionado. La Guardia Nacional aplica multas de hasta 500 UMAS, más de 58 mil pesos, a vehículos de plataforma por tomar pasaje en el aeropuerto, además de enviarlos al corralón. El mensaje es abusivo; al usuario se le empuja a caminar hasta 20 minutos hacia la carretera a Chapala para abordar un servicio que prefiere, y al conductor se le amenaza con sanciones ruinosas. Peor aún, cuando un chofer “pirata” declara que entrega mil 400 pesos semanales a la Guardia Nacional. La sospecha ya no es sólo de desorden; es de un sistema que castiga la legalidad imperfecta mientras tolera la informalidad rentable. No hay Estado de derecho cuando la norma sirve para extorsionar, y no para ordenar.
Desde la perspectiva del usuario, cerrar o encarecer el acceso a la competencia equivale a restaurar un monopolio, de hecho, que durante años ha ofrecido uno de los servicios de taxi más caros y más abusivos en puntos críticos como el aeropuerto.
Más aún, en una metrópoli donde las periferias siguen dependiendo de transporte irregular y donde incluso se ha intentado regularizar “mototaxis” de cuatro ruedas, porque el sistema formal no alcanza, perseguir a las plataformas resulta políticamente miope y socialmente regresivo. Cuando el transporte público no cubre, cuando el taxi concesionado cobra de más y cuando la autoridad no transparenta ni regula con criterios consistentes, la plataforma deja de ser un lujo y se vuelve una válvula de acceso a la ciudad.
Jalisco necesita reglas claras, piso parejo y transparencia. Requiere saber cuántas unidades de ERT operan y bajo qué criterios. Precisa también proteger a los usuarios de las tarifas abusivas de los taxis autorizados, y a los conductores de aplicación de una política de castigo selectivo. Restringir a las plataformas, esconder padrones, tolerar zonas grises regulatorias y castigar con multas exorbitantes a quienes compiten, no es regular la movilidad, es solapar uno de los esquemas de transporte más caros y abusivos del país.
En una ciudad donde moverse ya es caro, lento y difícil, proteger al taxi más costoso, en lugar de defender al usuario, es otra forma de abuso institucional.
https://www.milenio.com/opinion/gabriel-torres-espinoza/con-pies-de-plomo/el-taxi-caro-y-consentido