La reciente investigación publicada por El Universal (https://www.eluniversal.com.mx/periodismo-de-investigacion/comicios-de-renuncias-8-mil-se-bajaron-de-candidaturas/) sobre el proceso electoral de 2023-2024 en México, destaca un preocupante fenómeno: la renuncia de 8,124 candidatos, un aumento del 6% respecto a 2018. La causa principal es la violencia ejercida por grupos del crimen organizado, que han convertido a muchas entidades en campos políticos de batalla. Esta violencia tuvo un impacto devastador, especialmente a nivel local, donde candidatos y servidores públicos han sido blanco de intimidaciones y agresiones. El caso de Puebla, con el mayor número de renuncias, es el estado emblemático de esta delicada situación.

México experimenta altos niveles de violencia político-electoral, con grupos del crimen organizado ejerciendo influencia y control sobre los procesos locales. Según el ‘Armed Conflict Location and Event Data Project’ (ACLED), el 80% de las agresiones en este contexto se dirigieron a servidores públicos y candidatos locales.

Además de la violencia, las cuestiones de género también juegan un papel significativo en este fenómeno. Se ha documentado que un número desproporcionado de candidatas ha renunciado, particularmente en estados como Chiapas y Zacatecas. En ello se advierte una discriminación sistemática, donde las mujeres son presionadas para abandonar sus candidaturas, ya sea por amenazas directas o por manipulaciones internas de los partidos para cumplir con cuotas de género, pero sin un compromiso real con la paridad.

Este problema se agrava con la manipulación interna de los partidos políticos, que utilizan las renuncias como una herramienta estratégica. Según el consejero electoral Arturo Baltazar Trujano, del Instituto Electoral del Estado de Puebla, los partidos registran candidatas preliminares solo para asegurar lugares, y luego los reemplazan según sus intereses. Esta práctica no solo es discriminatoria, además atenta contra los criterios de paridad sustantiva definidos en la legislación mexicana. Este deterioro es particularmente preocupante, porque la interacción entre violencia, clientelismo y desigualdad socioeconómica, amenazan con socavar nuestras libertades más básicas.
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