Las plataformas comienzan a ser tratadas como infraestructuras de riesgo social. No muy distinto a lo que ocurrió en su momento con el tabaco o ciertos productos farmacéuticos
Un jurado en Los Ángeles determinó que Meta y Google deberán indemnizar a una joven por los daños derivados de su uso intensivo de redes. En paralelo, otro fallo en Nuevo México responsabilizó a Meta por no proteger a menores frente a depredadores sexuales y contenidos nocivos. No es la cuantía de las multas lo que marca el momento. Es el cambio de categoría.
Por primera vez, un tribunal no sólo sanciona a las plataformas, sino que define su lógica operativa como potencialmente dañina por diseño. Esa es la ruptura de fondo. Durante más de una década, estas empresas lograron instalar la idea de que los efectos negativos eran externalidades inevitables de tecnologías esencialmente neutrales. Hoy, esa neutralidad ha sido juzgada bajo estándar judicial.
Los testimonios, los documentos internos y la propia arquitectura de productos como Instagram revelan algo más inquietante que un error de cálculo. Revelan una lógica deliberada de maximización de permanencia, aun cuando esa permanencia se traduzca en deterioro emocional, distorsión de la autoimagen o aislamiento social. El desplazamiento infinito, los sistemas de recomendación y los mecanismos de validación social ya no son vistos como simples innovaciones. Empiezan a ser interpretados como dispositivos de captura conductual.
La defensa corporativa insiste en la complejidad de la salud mental y en la imposibilidad de atribuir responsabilidades a una sola aplicación. Es cierto que ningún fenómeno social tiene una causa única. Pero los tribunales no requieren explicaciones totales. Les basta acreditar contribuciones significativas al daño. Y eso es precisamente lo que se ha establecido.
El efecto de estos fallos trasciende los casos puntuales. Abre la puerta a una oleada de litigios similares y, sobre todo, redefine el terreno regulatorio. La Comisión Europea ya investiga a estas plataformas bajo criterios más exigentes de transparencia y control de riesgos. Países como Australia, Reino Unido y Países Bajos avanzan en restricciones para menores. La tendencia es clara. La autorregulación ha dejado de ser suficiente.
Lo que emerge es una nueva categoría. Las plataformas comienzan a ser tratadas como infraestructuras de riesgo social. No muy distinto a lo que ocurrió en su momento con el tabaco o ciertos productos farmacéuticos. Cuando el diseño mismo entra en cuestión, la conversación deja de ser técnica y se vuelve política, jurídica y ética.
Eso cambia todo. Cambia la forma en que los reguladores se aproximan al problema, pasando de supervisar contenidos a intervenir en arquitecturas. Cambia la posición de las empresas, que ya no pueden escudarse en la neutralidad tecnológica. Y cambia, sobre todo, la legitimidad pública de estas plataformas, que durante años construyeron su poder sobre la promesa de conexión y, hoy, enfrentan la sospecha de haber optimizado, en realidad, la dependencia.
GABRIEL TORRES
PROFESOR E INVESTIGADOR EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
@GABRIELTORRESES
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2026/3/27/engagement-toxico-786329.html